Perú, entre el limbo y la segunda independencia

La victoria de Pedro Castillo ha sido inusitada, pero más aún lo son las repercusiones que ha desatado. Las elecciones de segunda vuelta se realizaron el 6 de junio, el conteo se demoró hasta el 15 de junio cuando la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) culminó la totalidad del escrutinio en el que Pedro Castillo aventajó a su rival por una diferencia de 0,23% de los votos. El fujimorismo recurrió a todo tipo de artilugios, desconociendo y modificando las reglas del juego sobre la marcha. En primer lugar, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) alargó la fecha para presentar pedidos de nulidad de actas. Cuando el JNE se encontraba analizando más de la mitad de las impugnaciones, sin encontrar justificativos y siendo esta la última instancia para la proclamación del ganador, se presentó una nueva jugada: la renuncia de uno de sus miembros.

La sorpresiva renuncia de Luis Arce Córdova, miembro titular del Pleno del JNE, impedía el quórum necesario para culminar su proceso de revisión, de por sí extraordinario. La renuncia es inconstitucional, el artículo 16 de la Ley Orgánica Electoral impide que sus miembros renuncien en medio de un proceso electoral en curso. Aún así, presentó su «declinación irrevocable» al cargo. Arce se encuentra acusado por el presunto delito de organización criminal en el caso Los Cuellos Blancos del Puerto, las acusaciones son por cohecho y el tráfico de influencias, precisamente este caso es el que lo vincula con la presunta organización criminal que encabezó Keiko para realizar actos de intromisión en el aparato estatal, el Poder Judicial, el Ministerio Público, el desaparecido Consejo Nacional de la Magistratura y la ONPE. El JNE finalmente decidió suspender al magistrado por presentar conflicto de intereses a favor de Fuerza Popular, el partido Keiko. En la noche del jueves el fiscal supremo Víctor Rodríguez Monteza –también investigado en el caso de los Cuellos Blancos del Puerto- fue designado en sustitución de Arce. De esta manera, el Pleno del JNE vuelve a tener los miembros que necesita para funcionar.

La batalla por impedir proclamar a Castillo como presidente el 28 de julio también recurrió a operaciones psicosociales para instalar el temor a un golpe de Estado. Para ello ha recurrido a la presentación de una misiva –supuestamente de las FF. AA. – luego desmentido por el Ministerio de Seguridad, que terminó siendo producto de un grupo de militares retirados. Del mismo modo, otros líderes políticos de ultra derecha, presentadores de T. V. y el propio Vargas Llosa han intentado promover sin éxito el golpismo. A diferencia de Bolivia, Fujimori no tiene apoyo para realizar un golpe de Estado: los organismos observadores internacionales avalaron la transparencia de los comicios y hasta la Administración de Joe Biden – quien también fue víctima del encaprichamiento de su adversario- reconoció las elecciones como transparentes y justas.

Tal vez el último cartucho del fujimorismo sea el Congreso, precisamente la institución que desató esta larga crisis de 5 años. Fuerza Popular junto a otras tres bancadas presentó una moción de censura contra su propia Mesa Directiva para designar en su lugar a representantes afines. La opción es desesperada: vacar a la Presidenta del Congreso, luego vacar al actual Presidente, Francisco Sagasti, y llegar al Ejecutivo para desconocer los resultados y convocar nuevos comicios. Los motivos de Keiko Fujimori son genuinos, su derrota electoral la priva de la inmunidad necesaria para evitar la cárcel. En medio, el enquistamiento de la mafia fujimorista en las instituciones democráticas se develó ante los ojos del mundo. Hasta el momento no ha habido ningún caso desde el fin del último gobierno militar hace más de 40 años en que no se haya proclamado a tiempo al presidente electo, la fecha no podría ser más simbólica ya que Castillo, luego de un largo periplo, asumirá en el bicentenario de la independencia.