En diálogo con Jonathan Algalarronda, militante del Frente Patria Grande que integró la Misión de Solidaridad Internacional y Derechos Humanos que viajó a Lima denunció la violencia que las fuerzas de seguridad ejercen con claros sesgos racistas y de clase.

En diálogo con Tiempo, Jonathan Algalarronda, militante del Frente Patria Grande que integró la comitiva liderada por Juan Grabois y el diputado nacional Federico Fagioli, relató cómo se vive desde la calle la resistencia a Dina Boluarte en Lima y el interior del país.
– ¿Con qué situación social y política se encontraron en el viaje?
– En Perú nos encontramos con una situación de casi dictadura. Si estabas arriba de un colectivo te detenían, muchas situaciones de detenciones arbitrarias. Los medios no dan cuenta de lo que está pasando y si te expresás por redes sociales también corrés el riesgo de ser detenido. Entraron a las universidades con tanques, la situación es muy tensa. El pueblo está muy decidido a pelear por la democracia: los campesinos llevan más de un mes en Lima, en el corazón de la oligarquía. El racismo sobre el pueblo indígena es muy marcado: uno de los diputados de derecha dijo que la whipala era un mantel.
– ¿Qué riesgo para la región implica la violencia contra la protesta social que ejerce el gobierno de Boluarte?
– Es una muestra más que tienen las democracias en nuestro continente. El nivel de violencia en Perú es impactante. El problema es que ese nivel de virulencia en la persecución a la protesta social se une claramente con el surgimiento de la derecha de Bolsonaro y Milei. Expresan una agenda en la que un sector de la sociedad se siente representado y no hay posibilidad de diálogo ahí. Lo que pasa en Perú y lo que pasó en Bolivia con Evo en 2019 son nuevas formas de golpes de estado. De alguna manera en Argentina, lo que pasa con el Poder Judicial es similar.
– La cancillería peruana no reconoció la misión internacional que integraste. ¿Las fuerzas de seguridad los intimidaron durante los días de recorrida?
– No hubo acompañamiento ni garantía constitucional para la delegación. De hecho tuvimos que reforzar nuestra propia seguridad a pesar de que había dos diputados, abogados, representantes gremiales. Era una situación complicada. La Defensoría en un momento dejó de hacerse cargo de nosotros. Las instituciones de Perú quisieron involucrarnos en una idea de que intentábamos sacar a Pedro Castillo de su detención. Fuimos como misión solidaria a recabar testimonios y denunciar lo que está pasando.
– ¿Cómo fue el encuentro con familiares de víctimas de la represión?
– Durante varios días estuvimos juntando denuncian en las que nos relataban la brutalidad policial: gente que fue a la universidad a buscar refugio y cómo entraron con los tanques. Les decían “terrucos” (terroristas) y los golpeaban, especialmente a las mujeres. Decían que muchas veces la policía toma represalias más tarde a la detención de alguien y se ensaña con su familia. Revisaban los teléfonos celulares y empezaban a amenazar a los parientes diciéndoles que iban a matar a ese padre, a ese hermano que habían apresado. Eso querían, generar terror. En la zona de Ayacucho, donde hubo centros clandestinos de detención durante el gobierno de Fujimori, cuando hay un detenido la población ya teme que a esa persona la desaparezcan. También tomamos denuncias de muchos casos de violencia de género por parte de las fuerzas de seguridad.
– Boluarte parece intentar una salida política a la crisis, convocando en los últimos días a los partidos políticos. ¿Podrá de esa manera desligarse de las violaciones a los derechos humanos cometidas desde su asunción?
Creo que Dina Boluarte está acorralada. La detención de Pedro Castillo fue arbitraria, y ahí es donde el campesino y los indígenas se identificaron con que uno como ellos siendo presidente. Desde que él asumió lo boicotearon. Nosotros no nos queríamos meter en ese debate, después de 76 muertos y tantos detenidos, días de piquete y demás hechos de violencia policial, el pueblo pide un cambio institucional, una asamblea constituyente. Boluarte sabe que de alguna manera se trata de delitos de lesa humanidad y se las ve negras. El pueblo peruano está firme, creo que en ese panorama la presidenta va a buscar el modo de que no le pase lo mismo que Jeanine Áñez en Bolivia, que ahora está presa. Hoy las encuestas en Perú dan que la mayoría quiere el adelanto de las elecciones. En el informe preliminar de la Misión dejamos constancia de todo lo que pasa este pueblo y cómo está resistiendo.
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