Otra pesada herencia: el plan de modernización de las Fuerzas Armadas uruguayas

Después de cinco años, un período presidencial completo, el del blanco Luis Lacalle Pou, la Armada uruguaya visualiza que, al fin, sólo falta un año y medio para que lleguen a sus dársenas dos lanchas patrulleras. Una incorporación que forma parte de un objetado plan de “modernización” de las fuerzas armadas que olió mal desde sus orígenes y huele mal ahora, aunque todavía sin pruebas de lo que lisa y llanamente sería otro caso de corrupción. Es que en estos años la operación se cargó a un vicecomandante en jefe, dos contralmirantes y tres capitanes de navío que no quisieron ser parte del dudoso proceso y pidieron la baja. Desde esta semana, pero por integrar el bando opuesto, también marcharon Jorge Wilson, el último jefe del arma, y otros cuatro oficiales que hicieron parte de la conducción militar en el quinquenio de Lacalle Pou y Javier García, su ministro de Defensa.

La operación implica dos unidades Offshore Patrol Vessels (OPV) encargadas al astillero español Cardama, de Vigo, que estarán asignadas a la represión de la pesca furtiva y otras actividades predatorias en aguas jurisdiccionales. En otros mundos el proceso sería una menudencia de apenas 90 millones de dólares que en Uruguay, sin embargo, conforma un tentador paquete a la hora de hablar de comisiones, viajes y otros amenities. Más allá de que para algunos el equipamiento tiene un valor relativo, para otros no. Es el caso de Estados Unidos, que puso en juego a su diplomacia y al aparato militar, para “sensibilizar” a un gobierno de por sí vulnerable. Ocurre que al principio, cuando parecía que todo sería fácil, no hubo oferentes que llenaran los requisitos exigidos por el Ministerio de Defensa.

La única que quedó en carrera –por antecedentes, precio y plazos de entrega– fue la China Shipbuilding Trade Company. La cancillería norteamericana mandó sus emisarios y el Pentágono activó al Comando Sur, hasta hace dos años manejado con mano de hierro por la generala Laura Richardson. Se convirtieron en asiduos visitantes. Los enviados de la Casa Blanca no tuvieron problemas para que Lacalle dictara el borrón y empezar de nuevo, desbrozando el terreno para que Cardama quedara sin oponentes. Poco les importó al presidente y al ministro García que tal acción desatara una ácida reacción china que, palabras más palabras menos, acusara al gobierno uruguayo de entorpecer el diálogo comercial y generar una fisura en las hasta entonces óptimas relaciones.

Poco a poco, en los dos últimos años las sospechas de la cancillería china fueron tomando cuerpo. Primero, renunció a su cargo el contralmirante Gustavo Musso, entonces segundo de la Armada y responsable de las negociaciones con los oferentes. Nada amable dijo sobre Lacalle, el ministro García y su superior inmediato, el contralmirante Jorge Wilson, ahora sancionado con arresto a rigor. Segundo, la consultora norteamericana Dun & Bradstreet dio a conocer una fulminante auditoría al astillero, en la que dice que Cardama tiene un alto riesgo de quiebra. Probado: el astillero tuvo problemas para obtener los avales bancarios exigidos por las cláusulas del contrato y hasta los buscó, sin éxito, en el propio Uruguay, qué mal chiste, donde la financiera Abitab y el estatal Banco de Seguros rechazaron su pedido. Tercero, no tiene antecedentes en el armado de buques de acero, su rubro es el de los barcos pesqueros.

El seguimiento de la irregular compra de las patrulleras ha sido una prioridad para el Frente Amplio, nuevamente gobernante desde el 1 de marzo pasado. En la última legislatura, la entonces diputada y ahora ministra de Defensa, justamente, Sandra Lazo, advirtió sobre la posibilidad de enjuiciar al ministro García y promover la caída de la operación. Llegada al Ministerio su primera acción consistió en el nombramiento de un grupo especial para hacer el seguimiento del caso. Esa comisión debía comprobar en qué grado estaba la construcción de los barcos, pues de ello dependían los pagos que se fueran realizando. “En la Armada nos mintieron, nos dieron información incompleta o falsa”, dijo uno de los miembros del grupo. “Se adelantaron pagos de forma directa, ocultándoselo a la ministra”, agregó. Confirmados los hechos, sobrevinieron las sanciones a la alta oficialidad implicada.

Hasta ahora el exministro García ha ido zafando, porque el gobierno de Lacalle Pou y el oficialista Partido Nacional-Blanco hicieron de su permanencia en el cargo una cuestión de Estado. Y por esas cosas de la inmunidad. Y, además, porque «poderoso caballero es don dinero», aseguraba con razón don Francisco de Quevedo, el poeta del Siglo de Oro español. Sin embargo, su programa de modernización de las fuerzas armadas ha caído en el ridículo. Esta historia de las patrulleras oceánicas fue precedida por la compra a la aeronáutica de guerra de España por 26 millones de dólares –monto excesivo, dicen los que saben– de dos antiguos Hércules C-130 fabricados por la norteamericana Lockeed Martin en 1975 y que desde que llegaron al país han pasado más tiempo en reparación que en aptitud de vuelo.

Lacalle Pou, el ministro y todos los altos mandos –activos y pasivos– castigados ahora con arrestos a rigor de 30 días, durante los que permanecerán encerrados con visitas prohibidas y la suspensión del ejercicio de mando, enfrentan una situación que los compromete mucho más allá que cualquier episodio de corrupción.

RECUADRO