La ley, aprobada tras más de dos años de debate, está orientada especialmente a más de dos millones de adultos mayores en condición de pobreza y vulnerabilidad que no tienen pensión y que en adelante recibirán una “renta básica” de subsistencia otorgada por el Estado.
La reforma pensional es una de sus promesas de campaña, orientada especialmente a más de dos millones de adultos mayores en condición de pobreza y vulnerabilidad que no tienen pensión y que en adelante recibirán una “renta básica” de subsistencia otorgada por el Estado.
“Para que en Colombia los adultos mayores no tengan que trabajar y pasar hambre hasta sus últimos días, el Gobierno del Cambio hace realidad la Reforma Pensional”, refirió la Presidencia de Colombia.
La ley se firmó en la icónica Plaza de Bolívar, donde confluyen el Congreso y el palacio de las altas cortes, y en donde se han congregado a lo largo de los dos años del gobierno de Petro tanto opositores como partidarios del gobierno, en contra y a favor de las ambiciosas reformas sociales que impulsa.
La pensional fue aprobada por el Congreso en junio, luego de sortear cuestionamientos sobre su impacto financiero y viabilidad por parte de sectores de oposición, algunos académicos y de la Procuraduría. Siguen en espera de ser aprobadas por el Congreso la reforma a la salud, al sistema educativo —ambas archivadas al inicio del año—, la laboral y la reforma a la justicia.
“Hoy aquí estamos haciendo algo importante, no solo dar un bono pensional, hoy estamos entregando ciudadanía a la tercera edad, volviéndola sujeto político, como hay que volver a la juventud de Colombia, sujetos pensadores en los demás, sujetos en el poder de decidir las cosas en Colombia. Eso es lo que se llama poder constituyente”, puntualizó Gustavo Petro.
La ley mantiene las edades de jubilación —57 años para las mujeres y 62 para los hombres—, pero modifica la distribución de recursos al pasar gran parte a un fondo público y quitarle peso a los fondos privados.
El sistema de pensiones que rigió desde 1993 estaba dividido en el régimen estatal y el de ahorro individual, que es administrado por fondos privados. Cada trabajador podía elegir en cuál cotizar su pensión. Sin embargo, ahora tendrán que hacerlo de manera obligatoria en el estatal hasta un monto del salario.
El nuevo esquema está compuesto por cuatro pilares que dividen la población entre quienes necesitan un subsidio, total o parcial, y los trabajadores que pueden aportar dinero en busca de una pensión e incluso ahorrar voluntariamente.
En el llamado pilar solidario, el Estado subsidiará con 56 dólares mensuales a las mujeres mayores de 60 años y a los hombres mayores de 65, a las personas mayores con discapacidad o para quienes tengan pérdida de capacidad laboral y que estén en condición de pobreza y vulnerabilidad.
El pilar semicontributivo le otorgará una renta vitalicia con base en lo que hayan ahorrado a lo largo de su vida los adultos mayores que no han cumplido con los requisitos para acceder a una pensión, pese a haber cotizado al sistema. Actualmente, para acceder a una pensión, los trabajadores deben aportar durante 1.300 semanas y superar la edad requerida.
En el pilar contributivo, donde están los trabajadores que aportan al sistema de pensiones, quienes reciban ingresos mensuales de hasta 2,3 salarios mínimos (aproximadamente 628 dólares) deberán cotizar en Colpensiones —el fondo estatal— y solo quienes reciban ingresos adicionales a ese monto podrán hacer aportes a los fondos privados de pensiones, con lo que quedarían bastante disminuidos.
El último pilar es el voluntario, al que contribuirán quienes tengan la capacidad económica adicional. Se espera que el gobierno reglamente la forma en que funcionará el ahorro voluntario e indique cómo puede servir para quienes necesiten completar el requisito de semanas cotizadas.
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