Petróleo, soberanía y un gobierno que no se pone de acuerdo sobre Malvinas

La incapacidad del régimen de los libertarios para conducir el Estado y su negligencia para coordinar asuntos estratégicos de interés nacional quedó nuevamente expuesta días atrás. Mientras la Cancillería denunciaba la exploración ilegal de hidrocarburos que realiza en aguas de Malvinas la empresa israelí Navitas Petroleum, paralelamente la Secretaría de Energía y el Ministerio de Economía concedían beneficios impositivos y permisos de trabajo en el territorio nacional a la petrolera británica Harbour Energy que fue sancionada y condenada por el mismo Estado al realizar exactamente la misma tarea clandestina en el mismo yacimiento.

El Estado bajo el mando de los libertarios condena a una petrolera por una tarea que poco tiempo atrás realizaba otra compañía a la que al mismo tiempo premian con exenciones y permisos extraordinarios.

La ineptitud gubernamental fue exhibida el pasado jueves 11, al emitir el Ministerio de Relaciones Exteriores un comunicado oficial en el que condena la actividad de la israelí Navitas en la exploración del yacimiento Sea Lion, ubicado a 218 kilómetros al este de Puerto Argentino, con licencia de corso emitida de manera ilegal por el Gobierno colonial de las Malvinas.

En su comunicado, la Cancillería recuerda que “mediante la Resolución de la Secretaría de Energía N° 240/2022 del 18 de abril de 2022, la empresa Navitas Petroleum PLC fue declarada clandestina y sus actividades calificadas de ilegales por desarrollar operaciones hidrocarburíferas en territorio argentino sin autorización de las autoridades competentes”.

Lo insólito de la situación reside en que la “clandestina” e “ilegal” empresa israelí Nativas opera el yacimiento Sea Lion de Malvinas porque se lo compró en 2022 a la empresa británica Harbour Energy, la que a su vez lo exploraba ilegalmente desde 2012 pero con el nombre de Premier Oil. A lo largo de esa década, Premier Oil fue sancionada y condenada por el Estado argentino, que la multó en 156 millones de dólares y ordenó embargar sus cuentas bancarias, plataformas y barcos por realizar aquella misma tarea.

En 2022 Premier Oil se fusionó la británica, Chrysaor Holdings. Producto de la fusión cambió su nombre a Harbour Energy y vendió su participación de Sea Lion justamente a la israelí Navitas Petroleum, cuestionada esta semana por la Cancillería. Tiempo Argentino pudo verificar en organismos oficiales del Reino Unido que Harbour Energy es exactamente la misma empresa Premier Oil, solo que con el nombre cambiado.

Ambas compañías, Premier/Harbour y Navitas violaron consuetudinariamente por largos años las leyes 26.659 y 26.915 que regulan la exploración de hidrocarburos en la plataforma continental argentina y sancionan con extrema dureza a las sociedades, accionistas y directivos de empresas que operen sin permiso del Estado Argentino.

Mientras la Cancilllería califica como “clandestina e ilegal” la actividad de Navitas, la también “clandestina e ilegal” Premier/Harbour recibe del mismo Gobierno una montaña de beneficios impositivos, arancelarios y aduaneros para desarrollar cinco negocios de gas y petróleo en la Argentina. La misma Secretaría de Energía que en 2013 la sancionó con 15 años de prohibición para operar en el territorio nacional, ahora en 2025 le concede tres permisos especiales para explotar los recursos naturales.

El pasado jueves 11, la exsenadora nacional y actual legisladora rionegrina Magdalena Odarda denunció ante la Procuración de Investigaciones Administrativas (PIA) del Ministerio Público Fiscal a la secretaria de Energía, María del Carmen Tettamanti, por entregarle a Premier/Harbour tres permisos de exportación de Gas Natural Licuado desde las costas de Río Negro, como parte del consorcio Southern Energy que integra ilegalmente junto con YPF, Pampa Energía, PAE y Golan LNG.

Las mismas complicaciones legales que afectan al Gobierno nacional por beneficiar y permitir la operación de Premier/Harbour, las deberán enfrentar los Gobiernos del Neuquén, Río Negro y Tierra del Fuego por habilitarla en yacimientos de Vaca Muerta, Southern Energy la Cuenca Marina Austral si, como se prevé, la PIA habilita el fuero federal por la violación de las leyes 26.659 y 26.915 que regulan la explotación de hidrocarburos en las plataformas marítimas de la Argentina.