Petrolera británica sancionada por el Estado en 2012 desembarca en el Sur pese a tenerlo prohibido

La impunidad con que el régimen de los libertarios impulsa el saqueo de los bienes naturales argentinos permitió que al menos una empresa petrolera británica sancionada y embargada por el Estado en 2012 por operar ilegalmente en las Islas Malvinas, haya desembarcado en negocios locales pese a tenerlo expresamente prohibido. Incluso, tiene incautaciones, secuestros de activos y de cuentas bancarias ordenados por la Justicia Federal en 2015, que aún no han sido ejecutados.

Se trata de la empresa británica “Premier Oil PLC”, que ahora opera con el nombre de “Harbour Energy”, que como una estructura de matrioshkas rusas se oculta a través fusiones, alianzas y adquisiciones que le permitieron apropiarse de cinco grandes negocios petroleros en Río Negro, Neuquén y Tierra del Fuego, según lo confirman los testimonios, publicaciones y documentos públicos a los que accedió Tiempo Argentino.

La operación petrolera sin licencia en toda la plataforma continental argentina  está prohibida por la Ley 26.649, de 2011, y su modificatoria 26.915, de 2013, que  ordenan “la exploración y explotación de hidrocarburos en la Plataforma Continental Argentina”. Ambas sancionan a las empresas que lo incumplan directa o indirectamente con hasta 20 años de exclusión y penalizan con prisión a los directivos y accionistas de las compañías.

Pese a ello, Premier Oil PLC operó durante más de una década el yacimiento off Shore de Sea Lion, ubicado a 218 kilómetros al Norte de las Islas Malvinas entre febrero de 2012 y diciembre de 2022. En ese lapso, fue advertida, sancionada, condenada y embargada por la Argentina, pero igual siguió adelante con sus  negocios ilegales.

Cronológicamente, la secuencia de operaciones clandestinas de Premier Oil PLC en la Argentina comenzó en mayo de 2012 cuando le compró a Rockhopper Explorations PLC el 60% del yacimiento Sea Lions descubierto dos años antes con licencia del Gobierno kelper de las Malvinas.

En mayo de 2012 el Gobierno argentino le advierte que será sancionada; el 13 de mayo de 2013 la Resolución 260 declara “ilegales y clandestinas” sus actividades, y el 2 de septiembre mediante la Resolución 481, el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, sanciona a Premier Oil PLC con 15 años de prohibición para desarrollar actividades en la Argentina.

El 21 de abril de 2015, la jueza federal de Rio Grande, Lilian Herraez, multó a Premier Oil con 156,4 millones de dólares y ordenó embargar sus barcos, plataformas petroleras y cuentas bancarias por pedido de los fiscales fueguinos Marcelo Rapoport y Adrián García Lois, y del Procurador de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), Carlos Gonella.

La empresa ignoró los reclamos, pero agobiada luego por deudas cercanas a los 3000 millones de dólares, sin resultados en Malvinas y presionada por el Gobierno de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, se fusionó con la británica Chrysaor Holdings para crear una nueva compañía, Harbour Energy, que prontamente vendió el negocio de Malvinas a la israelí Navitas Petroleum.

Buenos Aires le inició un nuevo proceso sancionatorio que Harbour logra esquivar al reconocer ahora si la Ley argentina y anunciar su retiro de las Malvinas tras la venta a la israelí Navitas.

“La Ley 26.659 establece que una empresa sancionada no puede operar en el territorio nacional. Legalmente, Harbour no llegó a ser sancionada porque se retiró antes del proyecto, pero ella surge de la fusión de una empresa (Premier Oil) que sí lo estaba”, explicó a Tiempo Argentino el exsecretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur de la Cancillería, Guillermo Carmona. Aunque se asume partidario de que “ninguna empresa que haya operado en Malvinas puede hacerlo en el resto del territorio nacional”, entiende que el espíritu de la Ley es primero disuasorio y recién después, punitivo.

La fusión entre Premier y Chrysaor le heredó a Harbour todos sus activos, sus licencias, sus edificios, barcos, trabajadores, las subsidiarias, su know-how y sus nutridas cuentas bancarias. En consecuencia, también heredó sus pasivos, sus juicios y sus sanciones como las que le aplicó Argentina. De hecho, Harbour asumió como propias las deudas de 2.700 millones de dólares de Premier Oil.

El desembarco impune en la Argentina de Premier/Harbour llegó con el gobierno del presidente Javier Milei. Se produjo en septiembre de 2024 cuando Premier/Harbour compró las operaciones globales de la alemana Wintershall Dea (una subsidiaria de BASF) por 11.800 millones de dólares, que incluía yacimientos en Argentina, Noruega, Alemania, México, Argelia, Libia, Egipto y Dinamarca.

Aquí la compra le abrió las puertas de Vaca Muerta, de explotaciones off shore en Tierra del Fuego y del multimillonario proyecto de exportación de GNL desde Río Negro, el consorcio Southern Energy, que promete traer dos buques de licuefacción de gas, los Hilli Episeyo y MK II, en sociedad con YPF, PAE, Pampa Energía y Golar LNG.

Habitual garantía de impunidad para capitales británicos, el gobernador rionegrino Alberto Weretilneck se apresta a enviar a la Legislatura proyectos para aceptar al consorcio Southern Energy en el Gofo de San Matías. Lo hace en sintonía con el Gobierno nacional, que por Resolución 559/2025 y con la firma del ministro de Economía Luis Caputo, aprobó en mayo su ingreso al RIGI para liberarlo de impuestos y aranceles a la exportación por 30 años.

La legisladora rionegrina del bloque “Vamos con Todos”, Magdalena Odarda advirtió días atrás en el recinto la ilegalidad de Premier/Harbour, y anticipó que  “reclamará una investigación a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas por la posible comisión de delitos de acción pública de Wereltilneck”. El Gobierno de Río Negro, “conociendo los antecedentes y entramado societario de Harbour Energy, se convierte en autor de graves delitos por fraude a la Ley argentina”, acusó.

La compra de Wintershall Dea también le entregó a la penalizada  Premier/Harbour los yacimientos shale oil de Aguada Pichana Este y San Roque, en el corazón de vaca Muerta, en sociedad con la compañía francesa Total.

También hubo conflictos con el desembarco de Premier/Harbour en Tierra del Fuego, donde ganó una fuerte participación en el proyecto off shore Fenix, al sur de Ushuaia. El gobernador Gustavo Melella primero rechazó la incorporación de la empresa británica pero luego la aceptó y firmó la concesión, que ya amenaza con traerle fuertes dolores de cabeza y complicaciones legales por avalar a una empresa británica que violó durante una década la soberanía nacional.