Piden imputar a Massot como parte de la persecución a docentes de la Universidad Nacional del Sur en dictadura

Pocos días después de haber recibido un nuevo pedido de procesamiento en su contra como instigador del asesinato de dos obreros gráficos, el empresario Vicente Massot, exdueño del diario La Nueva Provincia, fue imputado por la Unidad Fiscal de Derechos Humanos de Bahía Blanca en una causa que investiga la persecución realizada contra 30 docentes de la Universidad Nacional del Sur durante la última dictadura.

La fiscalía consideró que Massot, en coordinación con autoridades militares y judiciales, participó de la persecución política a docentes, estudiantes y trabajadores de la UNS. El rol del único gran medio de Bahía Blanca en ese momento fue indispensable para llevar a cabo el plan represivo ya que sus publicaciones fueron parte de las acciones de propaganda y de acción psicológica realizadas contra la población.

Entre junio y noviembre de 1976, una treintena de docentes fueron secuestrados, llevados a la delegación de la Policía Federal de Bahía Blanca, donde fueron sometidos a torturas, y luego trasladados a diferentes unidades carcelarias. Algunos pasaron años detenidos ilegalmente.

“La Universidad era un objetivo estratégico. La denominada ‘guerra cultural’ se realizó en todo el país durante la dictadura, pero en Bahía Blanca fue muy fuerte porque era fogoneado por La Nueva Provincia. El multimedios era una usina de ideas y de instalación de discurso y lo único que podía hacerle frente a eso era la Universidad, justamente el Departamento de Humanidades y de Economía (a los que pertenecían en su mayoría las víctimas). La Nueva Provincia los situaba como un enemigo a su altura, les decían ‘los ideólogos de la subversión’”, explicó el fiscal general Miguel Palazzani en diálogo con Tiempo.

“La Universidad convertida en usina subversiva”, fue el título utilizado por el diario el 5 de agosto de 1976, día siguiente de la conferencia del general Acdel Vilas, entonces al frente de la Subzona 51 del Ejército. El jefe militar, que venía de comandar el Operativo Independencia en Tucumán, comunicó los logros del operativo represivo contra un grupo de docentes a los que acusaba como responsables de una “penetración extremista” en la universidad.  

Massot en ese momento era editorialista, uno de los dueños del diario e hijo de la directora, Diana Julio de Massot. También era uno de los fundadores de la ultraderechista revista Cabildo y tenía fluidos contactos con militares y servicios de inteligencia, como quedó claro en los partes enviados por el espía de la DINA, Enrique Arancibia Clavel.

La Nueva Provincia realizó publicaciones casi diarias sobre la “subversión ideológica”, e insistía hasta el hartazgo en la eliminación de estos sectores. Llegó, incluso, a quejarse de que sólo habían sido detenidos y, todavía, estaban “vivitos y coleando”.

Diseminación de odio

Leídos uno detrás del otro, los editoriales y las notas del diario son impactantes. La fiscalía los estudió uno por uno y contabilizó que en 1976 y 1977 hubo 237 ediciones en las que se abordó la “lucha contra la subversión”, y en 167 de ellas se utilizaron los verbos “eliminar”, “aniquilar”, “combatir”, “luchar”, “matar”, “atacar”, “extirpar”, “limpiar”, “erradicar”. Desde esos textos, el diario realizaba un constante señalamiento de los blancos a exterminar, el modo en que debía hacerse y la necesidad de una participación de toda la sociedad para que se lograra.

“Colabore, esté alerta- Ante cualquier actitud, hecho o persona sospechosa, actividad anormal o injustificada. LLame al tel. 30259. Comando V Cuerpo de Ejército. «Señor, señora… ¿Leyó los libros que le piden a su hijo en el colegio…?”. Frases como estas se encontraban diseminadas por todo el periódico como recuadros. Lo mismo ocurría en el canal de televisión y la radio del grupo empresario.

La persecución a docentes ocupó un lugar central en más de 80 ediciones. El convencimiento de La Nueva Provincia sobre la necesidad de aniquilar a los “ideólogos subversivos” era tal que llamaba a extender a todo el país el plan de Vilas de limpieza del “virus ideológico”. Exigía además a la dictadura avanzar con los demás niveles educativos, incluidos los jardines de infantes, donde “se comienza de manera disimulada a trabajar en la cabeza de los niños”.

La publicación de los nombres, la información personal y las fotos en primer plano de los y las docentes detenidos fue también parte del plan coordinado. Luego del secuestro, el cautiverio y la tortura, buscaban su “muerte civil”, sostuvo el fiscal.

Además de Massot, fueron imputados por estos delitos al entonces jefe de Operaciones del V Cuerpo del Ejército, Osvaldo Páez; los exoficiales de Inteligencia del Ejército, Osvaldo Sierra, Enrique Del Pino, Jorge Granada, Carlos Taffarel, Norberto Condal y Víctor Aguirre; los ex miembros del Batallón de Comunicaciones 181, Antonio Seghighi, Roberto Brunello, Raúl Andrés, Alejandro Lawless y el ex Policía Federal Héctor Selaya. También fue acusado otro civil, el exsecretario del juzgado federal de Bahía Blanca Hugo Sierra, quien, junto a los jueces Guillermo Federico Madueño y Jorge Francisco Suter, llevó adelante las causas judiciales que sirvieron como cobertura legal a la persecución.

La pata cultural de la guerra contra la subversión

La persecución a la “infiltración marxista” en la Universidad había comenzado más de un año antes del golpe cívico militar, con las bandas paraestatales de la Triple A que, al mando del interventor Remus Tetu, imponían el terror en los claustros y asesinaron al estudiante y militante estudiantil David Hover “Watu” Cilleruelo.
Tetu ordenó el cierre y despidos masivos en los departamentos de Humanidades y Economía, dos áreas que habían avanzado en la transformación de sus currículas con una mirada social y a las que pertenecían la gran mayoría de las y los docentes secuestrados.

Los partes de inteligencia de la Marina previos al golpe destacaban a la UNS como uno de los principales “focos marxistas” y resaltaban el rol de Tetu y su patota para combatirlo. Con la llegada a Bahía Blanca del general Acdel Vilas, la represión se volvió sistemática y sumó a todas las fuerzas y agencias del Estado a su operación para realizar su “limpieza ideológica”.

“La zona era considerada no prioritaria en materia operativa. Funcionaba en cambio como escuela de preparación de elementos que luego se enviaban a los principales centros subversivos del país”, definió Vilas en su libro “Bahía Blanca. El Hecho Histórico”, citado por la fiscalía, y señaló que uno de sus objetivos fundamentales fue “no sólo de erradicar el cáncer cultural de la Universidad del Sur, sino de ejemplificar con la máxima claridad e intensidad posibles (…)”.  

“La persecución sobre los docentes universitarios (aquellos los “ideólogos” formadores de “subversivos”) fue la consigna fundamental de la tesis que el represor postulaba tanto en la teoría como en la práctica: si el monte tucumano fue el ensayo de laboratorio sobre cómo debía aniquilarse al “subversivo” armado (la guerrilla), la ciudad de Bahía Blanca pasó a ser el campo de experimentación y ejemplificación en la persecución y aniquilación de la “subversión ideológica”, analizó en su requerimiento de instrucción el fiscal Palazzani.