La medida alcanza a empleados de la firma que instaló el sistema contra incendios y al sereno que trabajaba el día del siniestro en el depósito.
En base a las pruebas recogidas durante la investigación, la representante del Ministerio Público Fiscal consideró que en la propagación del incendio objeto de pesquisa han incidido una suma de deficiencias, irregularidades, negligencias e incumplimientos por parte de la empresa que tenía a su cargo la explotación del establecimiento siniestrado, de diversos órganos de contralor y de terceros que tenían a su cargo la responsabilidad de garantizar que el establecimiento cumpliera con todas las medidas de seguridad pertinentes.
Por eso la fiscal que todos los responsables de la seguridad contribuyendo con su obrar no sólo a la producción de pérdidas materiales, sino, y fundamentalmente, al trágico desenlace que supone la pérdida de diez vidas humanas que se encontraban en el lugar brindando un servicio público de protección.
Los funcionarios que deberán dar explicaciones en la justicia son Matías Nicolás Griffo, inspector de la División Prevención, y Raúl Arbor, Comisario Inspector que se desempeñaba como Jefe del Departamento Seguridad contra Incendio y Riesgos Especiales.
En lo atinente a la responsabilidad del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Monteleone solicitó la citación de los funcionarios de la Dirección General de Habilitaciones y Permisos (DGHyP), a funcionarios de la Dirección General de Fiscalización y Control (DGGyC) del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Además a pedido de la fiscalía se requirió la indagatoria de Luis Alberto Cogo Jefe del Departamento de Actividades Generales Críticas-, Roberto José Chiesa Director de Industrias y Otros Locales-, Vanesa Ileana Berkowski Directora General de Fiscalización y Control-, Silvia Miriam Hers Jefa del Departamento de Programación Operativa, posteriormente renombrado como Subgerencia Operativa de Programación Operativa-.
En tanto que Monteleone también requirió indagar al encargado de Seguridad e Higiene de Iron Mountain, Héctor Eduardo García, al gerente general, Guillermo Eduardo Lockhart; y a los directivos Pedro Meierhold, Gustavo Roberto Álvarez, Rodrigo San Miguel, Ricardo Daniel García y Miguel Carrillo.
Otro de los citados es el apoderado de Iron Mountain, Ignacio Miguel Aldamiz Echeverría, que es investigado por supuestos sobornos a funcionarios de la Superintendencia Federal de Bomberos de la Policía Federal Argentina (SFBPFA), para conseguir la habilitación del depósito, a pesar de sus defectuosas condiciones de seguridad contra incendios.
Asimismo, pidió que sea citado a indagatoria el empleado de la empresa Segurplus S.A, Oscar Godoy quien desempeñaba como personal de seguridad del depósito al momento del siniestro.
Por otra parte, la fiscal Monteleone solicitó la indagatoria del ingeniero Christian W. Castiñeiras, en su calidad de Director Técnico de la empresa Climate, Controls & Security S.A. (ex Kidde Argentina S.A.) quien debía garantizar el correcto funcionamiento de las instalaciones fijas contra incendio dispuestas en el depósito rociadores, alarmas, etc.- y de los técnicos Luis Fontanello y Martín Arriguez, quienes realizaban los controles periódicos del referido sistema y no asentaron las evidentes irregularidades.
Ahora será el turno del juez Pablo Ormaechea que deberá decidir si hace lugar al pedido de indagatoria postulado por la fiscal Monteleone o si profundiza la investigación del siniestro que le costó la vida a diez personas hace dos años.
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