El abogado del sindicalista Juan Pablo "Pata" Medina solicitó listados de llamadas entrantes y salientes de María Soledad Borsani, exfuncionaria del gobierno provincial y amiga desde la infancia de Vidal, y del exprocurador general.
El abogado Cesar Albarracín, representante de la querella de Medina, propuso que se soliciten a las respectivas compañías telefónicas los listados de llamadas entrantes y salientes de María Soledad Borsani, ex funcionaria del gobierno provincial y amiga desde la infancia de Vidal, luego de que su nombre surgiera en el expediente.
El nombre de Borsani apareció en un diálogo por WhatsApp -acreditado en la causa- mantenido entre Emilia Jaime, asesora del directorio del Banco Provincia y Guillermo Squillari, empleado del banco, cuando se estaba organizando el espacio para que se llevara a cabo la reunión del 15 de junio de 2017, en la sede porteña de la entidad bancaria, en la que coincidieron empresarios, funcionarios públicos y espías.
“Cualquier cosa me llamás a mí”, le dijo Squillari ante la posibilidad de que hubiera algún contratiempo vinculado con la reserva del salón y el acceso de los invitados, y luego le envió otro mensaje: “Y si ya entré al médico y si pasa algo importante llamás directamente a Soledad Borsani al celu y lo ves con ella, que fue quien me pidió esto”.
En el mismo escrito de nueve páginas al que tuvo acceso Télam, la querella solicitó que se requiera el listado de llamadas entrantes y salientes de los abonados pertenecientes al procurador Conte Grand «dado tiene fluidas comunicaciones con el resto de los imputados (Vidal y sus exfuncionarios), además de haber sido específicamente mencionado en la reunión del 15 de junio de 2017”.
“A ello se suma el hecho comprobado de que -luego de aquella reunión- se impulsaron múltiples procesos penales contra Medina en el fuero provincial y ellos dieron base a tres órdenes de detención y tres prisiones preventivas dictadas en paralelo a la causa federal iniciada con posterioridad”, señaló la querella.
Las comunicaciones entre un abonado perteneciente a Conte Grand y los imputados fueron detectados por la querella a partir de las pruebas realizadas sobre las llamadas de los denunciados que participaron en la reunión del Bapro, donde el exministro Villegas puso de manifiesto su deseo de poder contar con una “Gestapo” antisindical.
El abogado de la querella pidió que se investigue, además, si Conte Grand llamaba a Vidal cada vez que la gobernadora se lo requería a través de un aviso que le daba a otro celular –supuestamente también de Conte Grand- que el procurador nunca atendía; mecanismo que surge del análisis de las llamadas de Vidal.
En la causa se investiga lo ocurrido en una reunión en la sede porteña del Banco Provincia el 15 de junio de 2017, cuyo contenido se conoció a partir del hallazgo en la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) de registros audiovisuales que fueron presentados ente la justicia por la actual interventora de la central de espías, Cristina Caamaño.
A los imputados se los acusa de haber participado de una estrategia dirigida a perjudicar al dirigente de la Uocra de La Plata, su entorno y a la entonces conducción de la seccional de la capital bonaerense, para la cual se recurrió a maniobras de inteligencia ilegal y se manipuló el accionar de la Justicia, según pudo reconstruir Télam de fuentes judiciales con acceso al expediente.
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