Piden juicio para 16 represores por crímenes de lesa humanidad en La Plata.

Durante la dictadura cívico militar la comisaría 8va de La Plata funcionó como un centro clandestino de detención al que llegaban detenidos desaparecidos desde otros centros antes de ser enviados a la cárcel o liberados. Pese a todo, el destino de algunos fue la muerte. Y por todos esos crímenes cometidos contra más de cien personas, la Fiscalía Federal de La Plata pidió al Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 elevar a juicio la causa que investiga a 16 ex policías y militares.

Los imputados son ex policías Bonaerenses de la cúpula de la seccional de las afueras de La Plata, del Regimiento de Infantería 7 de La Plata y del Destacamento de Inteligencia 101 del Ejército. Están acusados por el secuestro y tortura de 106 víctimas, entre ellos varios que terminaron asesinados.

El pedido fue elevado por los fiscales Marcelo Molina, Hernán Schapiro y Martín Nogueira. En la elevación destacan que la mayoría de las más de cien víctimas fue anotada en el libro oficial de la comisaría, donde se consignó que estaban «a disposición del Área 113», nombre y número que recibió la región de La Plata en la división territorial castrense.

También destacaron que dos imputados no llegarán a juicio porque están incapacitados por su avanzada edad y otros dos murieron en el trámite de la causa: Anselmo Pedro Palavezzati y Rodolfo Aníbal Campos. El dato suma urgencia a la situación del Tribunal platense donde se acumulan, al menos, cinco grandes juicios de los que solo una tiene fecha de inicio: el que ventilará los delitos del Centro Clandestino de Detención Brigada de San Justo, que está previsto que comience en agosto.

Comisaría 8va es el único de los centros clandestinos que funcionaron en La Plata que aún no llegó a instancia de juicio, y se sumará en la espera de debate el centro conocido como “1 y 60”. Mientras en el TOFN°1 esperan llegar a juicio la causa por la Brigada de San Justo, por el Pozo de Banfield, el Pozo de Quilmes, la Brigada de Lanús, con asiento en Avellaneda y conocida como “El Infierno”.

Los imputados por los que los fiscales pidieron elevación a juicio son, en su mayoría, miembros del Ejército. De los 16, once cumplen arresto domiciliario en distintos lugares del país y los restantes están alojados en cárceles.

Los acusados que revistieron en el Regimiento 7 -sede del «Área 113»- son los ex oficiales de Operaciones, Ismael Ramón Verón y Lucio Carlos Ramírez (ambos con prisión domiciliaria), los ex oficiales de Personal Enrique Welsh (en domiciliaria) y Rubén Vicente Sánchez (preso en Ezeiza), los ex oficiales de Logística Héctor Reynaldo Amuchástegui (en Marcos Paz) y Enrique Armando Cicciari (domiciliaria), y los ex oficiales de Inteligencia Alberto Jorge Crinigan (en Ezeiza) y Luis Gustavo Diedrichs (domiciliaria).

En tanto, los imputados que integraron el Destacamento de Inteligencia 101 del Ejército -dependencia que comandó el espionaje de la represión ilegal en la región- son los ex oficiales Carlos del Señor Hidalgo Garzón, Emilio Alberto Herrero Anzorena, Gustavo Adolfo Cacivio, Ricardo Armando Fernández, Carlos María Romero Pavón, Roberto Armando Balmaceda y Jorge Héctor Di Pasquale (en prisión en Campo de Mayo), todos ellos ya condenados en 2014 por delitos de lesa humanidad en el centro clandestino La Cacha y todos, a excepción del último, beneficiados con prisión domiciliaria. Por la comisaría 8ª, está imputado Rubén Rodolfo Sabich, también detenido en su casa.

En el requerimiento de elevación a juicio, Molina, Schapiro y Nogueira expresaron que «en la provincia de Buenos Aires existieron 230 centros (clandestinos) de detención, la mayoría de ellos ubicados en el Gran Buenos Aires y en la ciudad de La Plata» y que «tanto las comisarías, subcomisarías, destacamentos, puestos, brigadas, etc. se constituyeron en sitios de detención».

La Comisaría Octava está ubicada en calles 7 y 74 y durante la dictadura cívico militar, tras la llegada de Ramón Camps, «el Estado Mayor Policial se integró con personal militar»

«La particularidad de este lugar de detención –escribieron los fiscales- se dio por ser un paso intermedio entre la total clandestinidad de la que la mayoría de los detenidos provenían, al blanqueo que se daba al poner a disposición del PEN a las personas». Y precisaron que el centro llegó a albergar “a 180 personas en seis calabozos individuales y tres de cuatro metros por cuatro».