Piden la detención de D’Alessandro y ejecutivos de Clarín por el viaje a la estancia en Lago Escondido de Joe Lewis

El abogado barilochense que denunció originalmente ante la Justicia el viaje de jueces, funcionarios porteños, ex agentes de inteligencia y empresarios a la mansión del magnate británico Joe Lewis en Lago Escondido pidió este martes la detención de los viajeros que no están protegidos por fueros, la indagatoria de los que sí los tienen y el secuestro de los teléfonos de los magistrados involucrados. 

Mediante un escrito de dos páginas presentado ante la fiscal María Angélica Etchepare (cuya actuación también cuestionó), el denunciante Marcelo Herzriken Velasco consideró que las detenciones son necesarias por cuanto se produjo uno de los denominados “riesgos procesales” que justifican la adopción de una medida cautelar provisoria de esa naturaleza: “entorpecimiento investigativo”. 

Herzriken Velasco aportó en su escrito, además, un dato intrigante, que podría cambiar radicalmente el escenario. Cuando trascendió en octubre pasado la realización del viaje, el abogado impulsó una investigación ante la fiscalía federal todavía abierta. En la filtración del grupo de Telegram que publicó el sitio web patagonianfacts.com y que Tiempo consignó en su edición del domingo se mencionaba la posibilidad de “conseguir facturas” con sus fechas antedatadas para justificar gastos y disimular lo que pareció ser una invitación.

También se mencionan gestiones ante la fiscal Etchepare para cerrar rápidamente la investigación. Entre las medidas a adoptar por la fiscalía figuraba la declaración de una suerte de encargado de la propiedad de Lewis, Nicolás Van Ditmar. Según el escrito presentado hoy por el abogado, en su exposición ante la fiscal Van Ditmar “aportó facturas truchas al expediente”.  Hablar, planificar, especular con la presentación de facturas apócrifas no es un delito. Presentarlas en un expediente judicial, sí. 

Herzriken Velasco le pidió a la fiscal que “explique cómo mágicamente apareció Van Ditmar aportando facturas truchas al expediente”. 

El denunciante (pidió ser querellante pero aún no hay una decisión en ese sentido) reclamó las detenciones de Van Ditmar; del ministro de Seguridad de CABA, Marcelo D’Alessandro; del ex jefe de Legales de la SIDE y dueño de una consultora de medios Tomás Reinke, y de Pablo Casey, director de Asuntos Legales e Institucionales del Grupo Clarín y sobrino de Héctor Magnetto. “Han ofrecido y recibido dádivas cuyo valor promedia los 5.000/10.000 dólares por cada uno, ya sea como autores o partícipes necesarios”, insiste el escrito. La prisión preventiva, así como el llamado a indagatoria y el procesamiento, son actos reservados para un juez. Eso es lo que pidió el denunciante: la intervención de un juez federal que tome esas decisiones, por impulso de la fiscalía.  “Hay un riesgo procesal por el cual todos los días quedan imputados en prisión”. 

En el mismo sentido, reclamó “el allanamiento de los despachos de los magistrados judiciales (que participaron en el viaje) para secuestrarles la totalidad de los teléfonos celulares que se hallen en su poder para ser peritados, así como que obtenga sus resúmenes bancarios del último mes”. 

También impulsó el juicio político ante el Consejo de la Magistratura (una medida similar propuso en la víspera el presidente, Alberto Fernández, en cadena nacional) y recordó que independientemente de ese proceso los jueces pueden “ser citados inmediatamente a indagatoria”. 

En otro coletazo del denominado “Lago Escondido Gate”, la Coordinadora Nacional de Televisoras Alternativas (CONTA), a través de una presentación realizada por el canal “Barricada Tv”, pidió hoy que el juez en lo Contencioso Administrativo Federal Pablo Cayssials -uno de los viajeros- sea apartado de una causa en la que debe “resolver un litigio entre las televisoras comunitarias y el Grupo Clarín”. 

El pedido fue formulado a la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal. “En el litigio en cuestión, todavía en el Juzgado de Cayssials, el canal comunitario “Barricada Tv” de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (32.1 de la TDA) demanda a los operadores de cable Telecom (Grupo Clarín) y Telecentro para que lo incorporen a sus grillas, tal como obliga una norma del ENACOM que les ordena transportar a todas las señales abiertas de cada localidad, que en el AMBA son  tres: Barricada, Urbana y Comarca”.

“La filtración de mensajes entre los jueces, los directivos del Grupo Clarín y los servicios de inteligencia revelan lo que ya era evidente en el expediente: que Cayssials actuaba con parcialidad manifiesta en favor de Telecom en su litigio con CONTA. Tras cinco años de demoras, el magistrado rechazó hace días, sin explicación, todas las medidas de prueba que disgustaban al holding comunicacional”.