El pedido fue realizado por la fiscal de La Plata María Eugenia Di Lorenzo contra Ignacio Buzali por homicidio en grado de tentativa. Polémica y denuncia por la pericia psicológica.
Di Lorenzo solicitó la prisión preventiva por el delito de homicidio en grado de tentativa y ahora será la jueza Marcela Garmendia, a cargo del juzgado de Garantías Número 5 de la capital bonaerense, la que deberá definir.
La decisión de la fiscal se produce luego de obtener los resultados de la pericia psicológica sobre el esposo de Piparo. Allí se indicó que “en situaciones de estrés emocional, sus mecanismos defensivos fallen, y prevalezcan las conductas de acción por sobre los actos razonados”.
Buzali, detenido desde hace tres semanas, “es portador de una personalidad con rasgos de inmadurez, con escasa autocrítica sobre sus conductas”.
Según el informe, “se devela de su producción gráfica la presencia de un ‘yo’ que teme la irrupción de sus impulsos hostiles, hallándose indicadores de hipercontrol de sus impulsos”.
El trabajo, firmado por los peritos psicólogos Ana Victoria Maimone y María Elina Hiriart -de la Asesoría Pericial de La Plata-, concluyó que Buzali “puede distinguir entre lo lícito e ilícito de una conducta humana”.
“Su comprensión y discernimiento son apropiados conforme a criterio de realidad, lo que posibilita descartar patología psíquica del orden de las psicosis”. “La atención y la sensopercepción están conservadas, no presenta ningún tipo de ideación de jerarquía patológica, al momento de la presente evaluación”, resume el reporte.
Las psicólogas detectaron que el imputado “se expresa a través de un lenguaje claro, acorde a su nivel sociocultural, con resonancia afectiva en relación a las distintas circunstancias de su historia de vida, fundamentalmente en relación al acontecimiento sucedido en el año 2010”, cuando su esposa fue asaltada y baleada en una salidera bancaria y como consecuencia de ello perdió al hijo que llevaba en el vientre, Isidro.
Las profesionales recomendaron para Buzali “el inicio de un tratamiento psicológico individual ambulatorio como medio para resolver los conflictos que fueron establecidos y expresados en el desarrollo de esta pericia psicológica”.
En relación con el peritaje, el abogado querellante, Martín De Vargas, denunció penalmente a la psicóloga Liliana Andrea Sedler “por ejercicio ilegitimo de una profesión”, pues fue designada como perito de parte por la defensa de Buzali pero “no cuenta con matrícula habilitante para ejercer la profesión, motivo por el cual se le impidió participar del acto”.
“La defensa de Buzali propone peritos truchos para convencer a la opinión pública de que es inocente. Todo esto es parte de una campaña sucia mediática para volver a tratar de delincuentes a los motociclistas, cuando está plenamente demostrado por videos, testigos y pericias oficiales que venían circulando en moto, no cometieron ilícito alguno y que Buzali deliberadamente quiso matarlos”, expuso De Vargas.
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