La fiscalía y las querellas pidieron al Tribunal Federal 1 de La Plata la pena máxima para los ex oficiales por delitos de lesa humanidad cometidos en la dictadura.
En los alegatos, la Unidad Fiscal de La Plata, a cargo de Juan Martín Nogueira, y la querella de Abuelas de Plaza de Mayo, que integran Emanuel Lovelli y Coleen Torre, pidieron al TOCF1 que condene a la máxima pena de prisión al ex jefe de la Delegación La Plata de la PFA, Martín Eduardo Zuñiga; el ex inspector Rafael Oscar Romero; el ex sargento Horacio Alfredo Ortiz; y los cabos Roberto Arturo Gigli (también agente civil de Inteligencia del Ejército), Jorge Alberto Blanco y José Carlos Sánchez.
El reclamo fue por los homicidios agravados de Adela Esther Fonrouge, Juan Oscar Cugura y de un hombre apodado La Chancha, por la privación ilegal de la libertad de Juan José Libralato, Mauricio Emeraldo Mansilla y de Irma Guzmán de Arteaga. También por las torturas y lesiones que sufrió Libralato y el robo en la casa de Mansilla. Todos esos delitos fueron cometidos entre el 11 y el 17 de octubre en La Plata y fue descubierto a través de un legajo hallado hace ocho años por el área de derechos humanos del Ministerio de Seguridad de la Nación, desarticulada meses atrás, en el que los uniformados pedían un ascenso por lo que entonces llamaron una operación antisubversiva.
Estamos absolutamente convencidos de la participación de los acusados en los hechos y su dominio del contexto general (es decir, la persecución política y las desapariciones) que se vivía en el momento, argumentó el fiscal en su alegato. Y explicó que la militancia que realizaban las victimas, la clandestinidad en que se produjeron los operativos, el entierro de los cuerpos como NN y la búsqueda posterior de los familiares encuadran los hechos en crímenes de lesa humanidad.
El debate es el primero que juzgará la responsabilidad de una patota de la PFA en territorio de la policía del coronel Ramón Camps. El raid delictivo en dictadura fue para desarticular la Columna Sur de Montoneros. Detuvieron y asesinaron uno por uno a Adela Esther Fonrouge, que estaba embarazada de cuatro meses y por cuyo caso querellan las Abuelas; a Juan Oscar Cugura, a un hombre apodado «La Chancha». Hicieron lo mismo con Juan José Libralato, pero su caso no llegó a debate como asesinato y el tribunal no aceptó elevar la acusación. También secuestraron a Mauricio Emeraldo Mansilla y a Irma Guzmán de Arteaga.
El proceso continuará el martes próximo con los alegatos de la Secretaría de Derechos Humanos y de la defensa, y se encaminará hacia el veredicto.
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