Piden prisión perpetua para tres acusados del femicidio de Araceli Fulles y no acusan a otros cinco

La fiscal y el abogado de la familia de la víctima solicitaron la pena máxima por el delito de "homicidio agravado por femicidio y por la participación de dos o más personas".

La fiscal pidió prisión perpetua para tres acusados de matar a Araceli Fulles, la joven de 22 años que en 2017 fue hallada asesinada en una casa de la localidad bonaerense de José León Suárez, y no acusó a otros cinco imputados que habían llegado en libertad al juicio oral, informaron fuentes judiciales.

El pedido de pena máxima formulado por la fiscal Mariana Piwarczuk ante el Tribunal Oral Criminal (TOC) 3 de San Martín recayó sobre Carlos Casalz, Hugo Cabañas y Marcelo Escobedo; en tanto no fueron acusados Hernán Rodrigo Badaracco, Carlos Antonio Ibarra, Daniel Alaniz y los hermanos Jonathan y Emanuel Ávalos.

«Por lo menos, de mi parte estoy tranquila, estamos conformes con lo que hubo hasta ahora», dijo a Télam Mónica Ferreyra, madre de la víctima y quien se constituyó como particular damnificada en la causa.

La fiscal y el abogado Diego Szpigiel solicitaron la pena de prisión perpetua para Casalz, Cabañas y Escobedo por el delito de «homicidio agravado por femicidio y por la participación de dos o más personas».

Mientras que para el resto de los sospechosos que llegaron en libertad, al igual que Escobedo, no hubo acusación.

Por el caso, un noveno sospechoso identificado como Darío Badaracco (31), hermano del acusado Hernán Rodrigo, fue el principal detenido, pero murió el 13 de abril de 2019 luego de haber permanecido internado cinco días en un hospital de la ciudad de Olavarría, tras ser atacado a golpes y quemado con agua caliente por dos compañeros de celda en el penal de Sierra Chica.

Todos los acusados llegaron libres al debate oral, pero a lo largo del proceso judicial se registraron una serie de amenazas por parte de dos de los imputados cuyas víctimas fueron familiares y testigos, por lo que fueron detenidos.

Es el caso de Casalz y Cabañas, quienes fueron detenidos el 12 de septiembre y el 14 de septiembre, respectivamente. Por un lado, Casalz fue arrestado cuando fue a votar, acusado de amenazar a un testigo y a la madre de Araceli, a quien le mandó un video de nueve segundos con una ametralladora diciendo «hay bala para toda la familia», según detalló el abogado Szpigiel en diálogo con Télam. «Era sabido que iba a empezar a haber amenazas y muchas cosas porque van a querer impedir el juicio de mi hija», declaró Ferreyra al enterarse de la detención de Casalz.

Por otro lado, Cabañas fue detenido luego de que intentó ingresar a la segunda audiencia del juicio oral con un arma blanca. Ante esa situación, el juez Martín Klobovs lo procesó con prisión preventiva hasta que se dé a conocer la sentencia, la cual todavía no tiene una fecha definida.

Por el debate oral pasaron casi 300 testigos, donde se intentó reconstruir minuciosamente el recorrido de Araceli y de los imputados durante la noche del hecho.

Araceli, de 22 años, fue hallada muerta el 27 de abril debajo de unos escombros en el patio de la casa de Darío Badaracco, ubicada en Alfonsina Storni 4477, de José León Suárez, partido de San Martín, en el noroeste del conurbano.

La joven había sido vista con vida por última vez la madrugada del 2 de abril de 2017, en una plaza cercana a su casa, y el último contacto con su familia fue a las 7 de la mañana de ese día, cuando le envió un mensaje a su madre diciéndole: «Vieja, prepará las cosas para el mate que estoy yendo para casa».

Pero Araceli nunca apareció y su cuerpo fue hallado 25 días después tras la intervención de perros pertenecientes a los Bomberos Voluntarios de Punta Alta.

La autopsia determinó que la joven murió por «asfixia mecánica» por «estrangulamiento a lazo» con un elemento compatible con precintos plásticos.

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