Piden que no se desaloje Radio Asamblea FM 94.1

Con más de 3928 casos de Covid-19 en la Ciudad, la economía semi paralizada y la mayoría de los vecinos en sus casas, la Legislatura porteña continúa allanando el camino para el negocio inmobiliario.

El pasado viernes 8 de mayo se trató en el recinto la rezonificación y venta de una cantidad de terrenos que habían sido cedidos por Nación durante el gobierno de Mauricio Macri, para la construcción de torres, en los predios aledaños al viaducto de la Estación Villa Crespo del FFCC San Martín. La situación será definida por el cuerpo de asamblea el próximo jueves, y todo apunta a que el oficialismo aprovechará su mayoría automática para aprobar la venta de dos espacios públicos de 4000 metros cuadrados, lindantes a la estación de tren, para la construcción de dos torres de 45 metros de altura. Ambos terrenos pertenecían al Estado Nacional hasta noviembre de 2019, pero pocos días antes de dejar la presidencia Macri los cedió a la Ciudad.

En parte del predio en cuestión funciona desde 2001 la Asamblea Popular de Juan B. Justo y Corrientes y están ubicados los estudios de Radio Asamblea FM 94.1, que fue declarada de interés por la Cámara de Diputados y por la Comuna 15. En caso de que se apruebe la ley, ambos organismos serán desalojados y la radio, que forma parte del Foro Argentino de Radios Comunitarias (FARCO), dejará de emitir. 

Los terrenos y edificios, que pertenecían pertenecientes al Ferrocarril, fueron cedidos por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) a la Ciudad y hoy se encuentran a punto de ser subastados. «Nosotros teníamos un convenio de comodato con la AABE por el cual nos cedían este espacio, pero ahora están bajo la orbita de la Ciudad. Si el jueves se aprueba la venta vamos a quedar a un paso del desalojo», aseguran los trabajadores.

“Tenemos una tremenda bronca acumulada. Lo que sucede con nosotros es parte de una crisis muchísimo más general que tiene la Ciudad, después de tantos años de gobierno macrista. Una crisis que hoy se evidencia aún más con el aumento de contagios de coronavirus en los barrios populares y los geriátricos», señala Mini Pérez, trabajadora de Radio Asamblea, en diálogo con Tiempo. 

«En lugar de pensar en declarar una emergencia sanitaria, a alguien se le ocurrió citar a la Legislatura no para definir cómo afrontar la emergencia, sino para discutir cómo vender tierras públicas a privados para hacer más torres, más asfalto y generar más hacinamiento en un lugar donde funciona una radio», reclama Pérez.

Según denuncian desde la Asamblea, detrás del negocio inmobiliario que generará la venta de los terrenos está el diario La Nación, que también integra el consorcio que construyó el Movistar Arena.

«El tema está muy complicado, es preocupante. El oficialismo porteño parecería contar con mayoría para avanzar en el desalojo y ni siquiera se han comunicado o intentado establecer una vía de contacto con los integrantes de la radio. Cuando le conviene, La Nación suele levantar la bandera de la libertad de expresión… Parece que el derecho a la comunicación de un medio con 20 años de antigüedad no cuenta. Está en juego la continuidad de un medio que hace un trabajo ejemplar, esto muestra el desprecio que tienen las autoridades porteñas por los medios gestionados por organizaciones populares”, denuncia Pablo Antonini, presidente de FARCO.   

Amparo judicial

El Observatorio del Derecho a la Ciudad y la Cátedra de Ingeniería Comunitaria presentaron una acción de amparo colectivo para frenar la venta de las tierras incluidas en la Ley Nº 6179.

En la causa, radicada en el Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario N° 7, solicitan que se declare la inconstitucionalidad y nulidad de la Ley y la suspensión de las ventas de estos inmuebles por, entre otros argumentos:

a) No respetar la audiencia pública obligatoria del art. 63 de la Constitución de la Ciudad.

b) No respetar el procedimiento de doble lectura para la sanción de la ley ordenado por los arts. N° 89 inciso 4 y N° 90 de la Constitución de la Ciudad;

c) No respetar la participación ciudadana que exige el Plan Urbano Ambiental para el manejo del Banco de Tierras e Inmuebles de la Ciudad (arts. 22 y 25 de la Ley N° 2.930).

Por el momento, esta acción quedó frenada por la Justicia –como consecuencia de las medidas excepcionales por la pandemia– pero según el abogado Jonathan Baldiviezo, integrante del Observatorio, “si se vota este jueves 21 la zonificación, podemos pedirle a la Justicia que reactive el amparo interpuesto para habilitar la suspensión de plazos” y parar la venta.