Piden que no se sancione la nueva ley de Ejecución de Pena

Organismos de Derechos Humanos y de defensa de los derechos de las personas privadas de la libertad expondrán este jueves ante los senadores para pedir que no se vote las modificaciones a la ley de Ejecución de Pena que ya cuenta con media sanción de Diputados y que impulsa con ansias la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, luego de la reacción social que produjo el femicidio de Micaela García a manos de un ex convicto. Entre ellos se encuentran representantes del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), de la red de familiares de detenidos, el colectivo Ni Una Menos y la asociación civil “Yo no fui”.

Por lo pronto, este miércoles Bullrich visitó el Senado y consiguió el apoyo de senadores de todos los bloques para darle sanción definitiva al proyecto de ley que limita las salidas transitorias a violadores y autores de delitos graves, y podría ser sancionado el miércoles próximo.

Luego del debate que tuvo lugar en la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, convocado para este jueves, Bullrich sostuvo que “Con la ley actual, a la mitad de la condena -sin importar el delito que la persona haya cometido, su violencia ni su peligrosidad- todos pueden empezar a pedir salidas transitorias”.

Sin embargo, el proyecto no sólo contempla limitar las excarcelaciones de violadores y asesinos sino que incluye otros delitos, que no están relacionados con las características del femidicio de Micaela. De hecho la propia ministra promociona la sanción de la ley que incluye limitaciones a autores de “robos violentos, los robos seguidos de muerte, los homicidios, los secuestros y las violaciones” que serían excluidos de los beneficios de la Ley 24.660” de Ejecución de la Pena, lo que significa que sus autores “deberán cumplir la totalidad de la condena”.

La iniciativa prohíbe las salidas transitorias y la libertad condicional a los autores de delitos graves, y establece que los jueces deberán cumplir un protocolo para liberar a los imputados cuando se encuentre en peligro la víctima del delito.

Participaron de la reunión en el Salón Gris el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo; los jefes del interbloque Cambiemos, Ángel Rozas, y del PJ-FpV, Miguel Pichetto; los presidentes de las comisiones de Justicia, Pedro Guastavino, y de Seguridad, Sigrid Kunath, y los senadores Rodolfo Urtubey (PJ-FpV) y Laura Rodríguez Machado (Pro). Por lo pronto, la Asociación Civil Yo no fui, que representa a mujeres privadas de su libertad, sacó un comunicado en el que expone las razones por las que se oponen a la modificación de la ley.

Por lo pronto, sostienen que viola el principio de resocialización, el principio de competencias legislativas del Congreso, ya que el Código Penal es el que debe regular el contenido de la pena, y amplía las facultades del servicio penitenciario y vulnera los principios de progresividad en la ejecución de la pena y de inocencia, entre otras razones.

Desde el Cels destacaron que la propuesta excede los delitos contra la integridad sexual, que es lo que esgrimen públicamente y, en cambio, restringen libertades a muchos tipos penales. Los violadores y los que cometieron delitos de violencia sexual son el 8% y la reforma alcanza al 34% de la población carcelaria, algunos no violentos.

Es por eso que consideraron la reforma como “irresponsable” ya que no discute el problema de fondo y quita las herramientas y estímulos para salir y para la resocialización.