Piden tasar los muebles que el líder de Revolución Federal le vendió a la familia Caputo

El fiscal federal Gerardo Pollicita le pidió al Tribunal de Tasaciones de la Nación que cuantifique el valor real de los muebles que supuestamente la carpintería del líder de la agrupación de ultraderecha Revolución Federal, Jonathan Morel, fabricó para equipar un edificio de 60 departamentos que construyó la firma Caputo Hermanos en la zona de Vaca Muerta.

La medida apunta, según el dictamen, a determinar si existió “un posible financiamiento de la actividad ilícita atribuida a la agrupación Revolución Federal por parte de terceras personas”.

Pollicita es el fiscal que interviene en el expediente por las actividades violentas de los dirigentes de Revolución Federal, en una causa que aún hoy sigue tramitando por separado de la que ¿investiga? el atentado contra la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner.

“Se dejó asentada la necesidad del desarrollo de una profundización de la investigación, en pos de reconstruir los sucesos acontecidos en la realidad, determinando si existió una vinculación de la firma Fideicomiso Espacio Añelo con el financiamiento en cuestión o si, de contrario, las transferencias efectuadas por aquella a Morel, a sus allegados y a distintos proveedores a él relacionados, se habían efectuado pura y exclusivamente como contraprestación de los servicios comerciales brindados”, subrayó el fiscal.

La medida dispuesta por Pollicita apunta a que el Tribunal de Tasaciones “determine el precio de venta en el mercado, al tiempo de su adquisición, de los bienes”. En ese contexto, “el valor de los bienes a las fechas respectivas deberá ser definido de manera unitaria (con y sin IVA), en su condición de nuevos”.

El trabajo del Tribunal de Tasaciones deberá establecer también “si podría existir una variación entre el precio ‘de lista’ y el precio final y en su caso de cuánto”.

“Con relación al objeto de investigación se acreditó que, en varios casos, el mobiliario fue adquirido en cantidades que podrían implicar una variación sustancial respecto de su precio de venta unitario”.

Pollicita fijó postura en cuanto a que “será de interés que el Tribunal de Tasaciones de la Nación establezca también el valor (con y sin IVA) correspondiente al servicio de transporte necesario para enviar por vía terrestre el mobiliario detallado, en el período comprendido entre el 1 de julio y el 15 de agosto del 2022, desde la provincia de Buenos Aires, hasta la edificación ubicada en la intersección de las rutas provinciales 7 y 17 de la localidad de Añelo, en la provincia de Neuquén”.

“En atención al estado actual de la investigación y con el propósito de avanzar en el esclarecimiento de los hechos, se entiende que deviene esencial a los efectos de obtener un panorama completo y acabado sobre la temática abordada, que (el juez Martínez de Giorgi) dé intervención y/o que habilite a esta Fiscalía a dar intervención al Tribunal de Tasaciones de la Nación a los fines de que, siguiendo las pautas previstas en la normativa que lo atañe, aquel materialice un estudio de su especialidad con relación al mobiliario identificado a lo largo de la investigación que sirvió para vestir las unidades de la edificación”.

El documento aclara que no hubo una constatación completa sobre la provisión de los muebles encargados a la precaria carpintería de Morel. En ese sentido, el texto aclara que “la existencia del mobiliario y sus cantidades fueron identificadas al tiempo de la inspección del inmueble en cuestión, obrando incorporadas al legajo no solo fotografías, videos y actas, sino también los testimonios y documentación brindados por quienes los habrían materializado y/o intervenido en su envío desde la provincia de Buenos Aires hasta la localidad de Añelo”.  Y en ese punto aclara que las inspecciones de constatación de la existencia real de los muebles “se realizó a través de un muestreo al azar de los distintos tipos de unidades funcionales —departamentos monoambientes, de dos ambientes y de tres ambientes—, en tanto pudo accederse sólo a algunas de las 60 unidades funcionales que componían el inmueble, dado que muchas de ellas se encontraban ocupadas al momento de su registro por terceros ajenos a la investigación”. Los administradores de edificio les dijeron a los inspectores, según consta en