Piden un nuevo juicio para Etchecolatz y Smart por El Infierno

El pedido fue realizado ante el Juzgado Federal N°3 de La Plata a mediados de febrero por la Unidad Fiscal Federal, que integran los fiscales generales Marcelo Molina y Hernán Schapiro y el fiscal ad hoc Juan Martín Nogueira. En el pedido los funcionarios explicaron que «‘El infierno’ se destacó por ser un lugar donde se practicó la tortura sistemática en condiciones de detención inhumanas, siendo la violencia sexual una modalidad integrada en el elenco de actos que convergieron en el intento deshumanizante de la persona detenida».

La Brigada de Investigaciones de Lanús estaba ubicada en la calle 12 de octubre N°234 de Avellaneda. El predio fue desafectado y en marzo de 2016 el municipio inauguró allí el Espacio Municipal de la Memoria y Promoción de Derechos Humanos de Avellaneda (ex El Infierno). En la causa, además de Smart y Etcahecolatz, están acusados el ex director de la Dirección de Investigaciones Zona Metropolitana y ex jefe del Pozo de Bafienld Juan Miguel Wolk (83); los ex oficiales de policía Bruno Trevisán (87), Rómulo Jorge Ferranti (80) y el ex cabo Miguel Ángel Ferreyro. La Fiscalía los acusó de privación ilegal de la libertad, de aplicación de tormentos y a Etchecolat, Wolk y Smart también de homicidio agravado. Y calificó los hechos como «actos de genocidio y crímenes de lesa humanidad».

Los fiscales remarcaron que durante la dictadura la Brigada ocupó una posición estratégica porque estaba ubicada «de manera más o menos equidistante entre los centros clandestinos de detención que funcionaron en la subcomisaría de Don Bosco (Puesto Vasco) y la Brigada de Investigaciones de Quilmes (Pozo de Quilmes)». Y abundaron: «De hecho, las detenidas y detenidos desaparecidas/os que pasaron por estos dos últimos centros clandestinos de detención, también estuvieron confinados en ‘El Infierno'». La dependencia policial se encontraba además bajo la jurisdicción militar del Regimiento de Infantería Mecanizada 3 de La Tablada, cuyo personal de inteligencia participaba de los interrogatorios a los prisioneros.

Entre las 62 víctimas la Fiscalía identificó tres grupos particulares por la pertenencia: hay doce directivos y empleados del Hotel Liberty de Buenos Aires, dos trabajadores -Víctor Ventura y Esteban Reimer, ambos desaparecidos- de la Comisión Interna de Mercedes Benz y cinco de la fábrica de calefones SAIAR, de las cuales dos fueron desaparecidos: Héctor Alberto Pérez y Luis Adolfo Jaramillo, cuyo cuerpo fue identificado en 1990 y es el único caso de homicidio que se abordará en el debate.

En su acusación, los fiscales remarcaron que aunque no acusaron por delitos sexuales «las condiciones de detención padecidas en dicho lugar, incluían de manera sistemática la desnudez forzada y otras formas de violencia sexual».

«No puedo ponerme contento, pero siento que por fin, después de 40 años de lucha empezamos a transitar el final de un recorrido para que se sepa la verdad de lo que a mis hermanos a mí nos pasó en ese lugar. Es tiempo de que se haga Justicia», dijo Carlos Iaccarino luego de conocerse el pedido fiscal. El empresario y sus hermanos Rodolfo y Alejandro permanecieron secuestrados en El Infierno en 1977 y durante su cautiverio la dictadura le sustrajo los bienes de la empresa lechera ILSA S.A.

Los Iaccarino fueron detenidos en Santiago del Estero en 1976 por presuntas irregularidades en la escritura de un campo de los empresarios y luego fueron trasladados a la Provincia de Buenos Aires, donde tras padecer torturas y largos interrogatorios, fueron blanqueados y puestos a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, pero los siguieron tratando como desaparecidos y por disposición del jefe de la policía, el coronel Ramón Camps, fueron llevados a El Infierno. Allí los indagó el fallecido juez Leopoldo Russo y los puso en contacto con Bruno Chezzi y Vicente Antonio García, dos financistas ligados al ex ministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz.

«Nos dijeron que si les entregábamos los campos y un avión nos dejaban libres. La policía nos llevó ante la escribana Lía Cuartás de Camaño (quien aún vive) y firmamos en sus oficinas de Avellaneda unos documentos en los cuales se fraguó una venta. Recuperamos la libertad en septiembre de 1978», recordó Carlos. Por la desaparición de los hermanos, la justicia ya condenó a Trevisán y Ferranti.