Lo acusan de instigación al genocidio y como coautor del homicidio de dos obreros gráficos del medio La Nueva Provincia de Bahía Blanca durante la última dictadura cívico militar.
En su dictamen, el fiscal general Miguel Ángel Palazzani y el auxiliar fiscal Pablo Fermento pusieron en valor las pruebas surgidas de los documentos de la Operación Cóndor y argumentaron que esos elementos modifican las conclusiones que llevaron al dictado de la falta de mérito que pesa sobre Massot y, por lo tanto, tornan procedente su procesamiento. La presentación de la fiscalía se dio en el marco de la contestación del traslado que le confirió el juzgado federal tras un nuevo pedido de sobreseimiento de la defensa.
Los fiscales aclararon que la imputación “no engendra un reproche penal genérico contra la actividad periodística durante el terrorismo de Estado, ni aun cuando se tratara de la emisión de discursos del odio. De lo que se trata es de analizar un caso en el que, junto a ese discurso de odio, se verifican una serie de circunstancias que lo subsumen en un delito penal, como es la instigación a cometer genocidio”.
Bajo esa mirada, los fiscales sostuvieron que Massot llevó a cabo operaciones psicológicas para las fuerzas armadas, como presentar públicamente los fusilamientos de las víctimas como «enfrentamientos» y realizar -junto a otros miembros fallecidos del clan, entre ellos su madre, Diana Julio- “aportes esenciales” que “consistieron en el ocultamiento deliberado de la verdad” en los secuestros, torturas y homicidios de 35 personas a través del llamamiento al exterminio desde las páginas del diario antes, durante y después de la última dictadura cívico-militar. También acusaron al empresario periodístico como coautor del homicidio de los obreros gráficos del diario Enrique Heinrich y Miguel Ángel Loyola perpetrado entre el 30 de junio y el 4 de julio de 1976, tras un conflicto sindical registrado el año anterior en la empresa.
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