Además decretó el estado de excepción por 15 días. Los reclamos por tierras ancestrales fueron acompañados por manifestaciones y represión.
La falta de diálogo y solución a los reclamos originarios ha provocado una escalada de violencia en la última década, con ataques incendiarios a predios privados y camiones. También salió a luz la presencia de redes de narcotráfico y de organizaciones de autodefensa, así como operativos policiales presuntamente montados para inculpar a los indígenas.
La medida regirá inicialmente por 15 días, prorrogables, en las provincias de Biobío y Arauco, en la región de Biobío, y Malleco y Cautín, en la Araucanía, indicó el mandatario. «Hemos decidido decretar estado de excepción» para controlar una situación de «grave alteración del orden público», justificó Piñera.
Son «de público conocimiento los graves y reiterados hechos de violencia vinculados al narcotráfico, al terrorismo y al crimen organizado, cometidos por grupos armados» en esas provincias, donde han muerto «personas inocentes» y policías, dijo Piñera en un anuncio realizado este 12 de octubre, que en Chile se conmemora como Día de la Raza o de la Hispanidad.
Los líderes mapuches, la mayor etnia chilena con más de 1,7 millones entre los 19 millones de habitantes, demandan la restitución de tierras ancestrales, que están en manos de empresas forestales y hacendados. Una mayoría de los mapuches viven en la pobreza y han visto reducidas sus tierras ancestrales ante la expansión de la próspera industria maderera, responsable del 8% de las exportaciones-
Las reivindicaciones mapuches comenzaron a ser escuchadas luego del fin de la dictadura de Augusto Pinochet en 1990, pero ganaron fuerza tras el estallido social de octubre de 2019.
El domingo, los choques entre la policía y manifestantes durante una marcha en Santiago en favor del pueblo mapuche causaron la muerte de la estudiante de Derechos Denisse Cortés, de 43 años, inicialmente identificada por autoridades como abogada.
Con el estado de excepción, las Fuerzas Armadas prestan apoyo logístico y también contribuyen con patrullaje y transporte a los procedimientos policiales. Piñera aseguró que esta medida «en ningún caso se orienta en contra de un pueblo o un grupo de ciudadanos».
Por su parte, el gobernador de la Araucanía, el oficialista Luciano Rivas, respaldó la militarización, afirmando que en su región hay «una crisis de seguridad muy profunda».
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