Piratería británica: el oro de Venezuela irá a los bolsillos del golpismo

El gobierno venezolano denunció un nuevo acto de piratería tras el fallo de un juez británico que le impidió al Banco Central de Venezuela disponer del oro depositado durante la presidencia de Hugo Chávez en el Banco de Inglaterra. Este nuevo despojo se suma al de la petrolera Citgo, la filial estadounidense de la estatal PDVSA, incautada en EE UU tras una medida de Donald Trump de 2018 y también apoyada luego en argumentaciones judiciales, con lo que bien podría decirse que la oposición a Nicolás Maduro encontró en el exterior un excelente modo de hacer fortuna sin tener que gastar en el manejo de la cosa pública.

El juez Nigel Teare, del tribunal comercial de Londres, sostiene su dictamen en que el gobierno británico reconoce como mandatario al diputado Juan Guaidó, y «en virtud de la doctrina de ‘una única voz’ la corte debe aceptar esa declaración como inequívoca». En 2011, Chávez envió unas 31 toneladas de oro en lingotes como modo de proteger las reservas ante las primeras sanciones contra su gobierno. El valor a hoy día de ese oro –a unos 55 mil dólares el kilo– sería de 1705 millones de dólares. Si a esto se agregan los 246 millones de ingreso neto que mostró el balance del año pasado de Citgo, se ve una fortuna nacional que no puede ser utilizada por el gobierno en ejercicio y que para Caracas explica la crisis económica que vive la nación caribeña.

Como acotación al margen, en septiembre de 2017 el gobierno de Mauricio Macri envió también al Banco de Inglaterra el oro del Banco Central Argentino. Eran once toneladas que entonces cotizaban a 462 millones de dólares. Al precio de oro de hoy, serían 605 millones.

El canciller venezolano, Jorge Arreaza, reiteró este viernes que Venezuela peleará por las vías legales para poder disponer de su oro. «Aquí hay un sólo gobierno, legítimamente electo, constituido y en funciones (…) Vamos a pelear por todas las vías legales, apegados al derecho internacional para que esos recursos vuelvan a las arcas de Venezuela para invertirlos en la vida del pueblo venezolano», dijo.

La oposición sostiene que Maduro usurpa el cargo entre otras razones porque en 2018 llamó a elecciones para un nuevo mandato fuera del plazo establecido. Los más radicalizados no quisieron participar de ese comicio. Guaidó, en cambio, sólo fue elegido por la Asamblea Nacional (AN) en 2019 y en enero pasado sectores de la propia oposición votaron a otro candidato para sucederlo, Luis Parra, pronto defenestrado por presiones de la administración Trump.

La AN actual surgió de una elección en la que arrasó la oposición, el 6 de diciembre de 2015. Desde entonces los choques de poderes fueron frecuentes y Maduro replicó con una reforma de la Carta Magna en 2017, para lo cual se votó una Asamblea Constitucional que ocupó el rol legislativo desde entonces.

Estos días, Maduro anunció elecciones para la renovación de la AN con fecha 6 de diciembre. La oposición rechaza la convocatoria porque sostiene que no se puede confiar en el Consejo Nacional Electoral y porque los cambios en la repartición de escaños están diseñados para consolidar al oficialismo