Lo anunció el ministro Jorge Ferraresi, quien negó que el programa del gobierno incluya la posibilidad de expropiar tierras a privados.
En una conferencia de prensa realizada en Casa Rosada, Ferraresi dijo que «hay una ordenanza en Mar del Plata, que es igual a la de Avellaneda, y en esos casos se pueden expropiar tierras ociosas», y aclaró que «no tiene nada que ver con los privados, que con este programa tienen condiciones para que les vaya muy bien».
En aquellos casos «se planifica sobre sectores abandonados de la ciudad», refirió el ministro, y ejemplificó que en Avellaneda «está el famoso ‘elefante blanco’ (un edificio deshabitado a la vera de las vías del ferrocarril Roca) abandonado hace 14 años».
Ferraresi explicó que los procesos de expropiación «existen, siempre existieron», que «salen por ley», y señaló que en cambio este programa «tiene un proceso de inscripción de manera voluntaria para ofertar» el terreno.
Los beneficiarios «podrán acceder con un crédito hipotecario a tasa cero, con una cuota de hasta el 25 por ciento del ingreso familiar y variable por el índice de ajuste salarial, y con pago en hasta 360 cuotas», agregó.
El objetivo de este proyecto se enmarca en la idea del Gobierno nacional de «construir 264.000 viviendas hacia fines de 2023», indicó el titular de la cartera de Desarrollo Territorial y Hábitat, para a partir de 2024 realizar «75.000 viviendas por año».
«Hay que generar suelo urbano para el desarrollo, teniendo en cuenta que Argentina crece 10% en 10 años», sintetizó Ferraresi.
«Se están terminando las obras paralizadas en 2015, con el Procrear 2 se están construyendo 30.000 viviendas, en julio se sortearán 11.800 lotes propios del Estado, para julio o agosto se licitarán otras 25.000 viviendas, entre septiembre y noviembre otras 30.000, con lo que en diciembre habrá 110.000 en marcha», resumió el ministro.
Por su parte, el secretario de Desarrollo Territorial, Luciano Scatolini, advirtió que las regulaciones urbanísticas «están en todo el mundo», como «en Estados Unidos, Reino Unido o Países Bajos», porque «el suelo es un bien escaso».
«No es nada inconstitucional, porque bien lo dice el Código Civil en cuanto a que el derecho de dominio es regulado por los gobiernos locales», destacó el funcionario.
El Plan Nacional de Suelo Urbano, creado por la Resolución N° 19/2020 del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, «tiene tres mecanismos» en los cuales el Estado «puede adquirir terrenos en áreas consolidadas, en áreas no consolidadas, pero con capacidad urbanística e intermediar con los propietarios y los adquirentes una subdivisión del terreno», manifestó el secretario.
Además, prevé «los consorcios urbanísticos, en el cual el propietario se desprende de la tierra, participa de la urbanización y reparte utilidades con el Estado», expresó Scatolini.
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El Plan Nacional de Suelo Urbano no tiene el objetivo de construir 264 mil viviendas en 30 meses, ese es el objetivo del Plan Casa Propia, en el que se incluyen los 20 mil lotes con servicios del Plan Nacional de Suelo. Es decir, el Plan Nacional de Suelo es sólo el 7,5 % de las 264 soluciones habitacionales que hay como meta del Ministerio