Plata sucia, purificación selectiva; por Adrián Murano

Las imágenes son obscenas. Mansiones, autos de lujo, bolsas cargadas de billetes, zoo privado con animales exóticos. Los sindicalistas Marcelo Balcedo (titular del Soeme) y Humberto Montero (de la Uocra Bahía Blanca) hicieron estas semanas un significativo aporte a la campaña de demonización sindical que auspicia el gobierno en los albores de la reforma laboral.

Para que quede claro: los principales responsables del descrédito de los gremios son los gremialistas corruptos y venales. Que los hay, y a montones. Tanto, que es difícil distinguir a simple vista si los Balcedo representan la regla o la excepción. Pero una cosa no quita la otra: la persecución justificada de sindicalistas impresentables es utilizada por el gobierno para desarmar la resistencia de la clase obrera organizada a los planes oficiales de ajuste económico y social.

Una prueba: rápido para sacar provecho de los golpes de efecto, el gobierno de María Eugenia Vidal salió a estimular la desafiliación entre los empleados públicos, en especial entre los docentes, con una aplicación web. 

La acción del gobierno provincial forma parte de una avanzada que busca acorralar a los sindicatos en tres frentes: los números –se ordenó una auditoría sobre los libros de una veintena de obras sociales–; la legitimidad de los liderazgos –preparan una ley para limitar los mandatos sindicales–; y la licuación de la representación gremial mediante la modificación de los convenios colectivos y su reemplazo por acuerdos por empresas o, incluso, por empleado.

¿Está mal que se investigue y sancione a sindicalistas que abusan de su rol para enriquecerse? Es obvio que no. Pero la justicia selectiva no es justicia. Y hasta ahora, el gobierno dirigió su presunta vocación purificadora sólo hacia quienes se le oponen, o contra quienes pretende domesticar. Los amigos, en cambio, gozan de impunidad mediática y legal. Un ejemplo: no hay registros de ninguna acción gubernamental destinada a investigar la denuncia formulada por la hija del extinto Gerónimo «Momo» Venegas sobre presuntos ilícitos cometidos en la UATRE. La denuncia salpica al sucesor de Venegas, Ramón Ayala, líder de los sindicalistas PRO agrupados en la 62 Organizaciones. El gobierno, de hecho, auspicia la postulación de Ayala a la cúpula de la CGT.

La cruzada purificadora tampoco alcanzó al sector empresario, casta de la cual proviene Macri y buena parte de su elenco ministerial. Curioso: entre los 116 mil millones de dólares que ingresaron al blanqueo, la Unidad de Investigación Financiera (UIF) hasta ahora sólo detectó irregularidades en los movimientos de los sindicalistas Víctor Santa María –titular del Suterh y dueño de Página/12– y Hugo Moyano, el camionero que alterna mimos y tensiones con Macri. Pero entre los 2300 millones presuntamente blanqueados por familiares y amigos del presidente, parece, la UIF no hayó nada que mereciera su atención. Un detalle: en 2016, la unidad antilavado empleó a María Pía Monkes de Calcaterra, sobrina del presidente. Antes de ser funcionaria, Pía trabajó en Socma. Esta semana, la joven fue denunciada por un escandaloso pasamanos de parques eólicos. ¿La cruzada purificadora llegará a los confines de la familia? Hasta ahora, nunca pasó.