¿Pluralidad de voces? ¡Me arruga la ropa!; por Adrián Murano

Es común que los Estados financien publicaciones afines a sus políticas. 

No abundan las empresas que publiciten en medios que denuncian las malas prácticas empresarias. 

Mal que nos pese, las cosas son así desde hace tiempo, y esta época no es una excepción. 

Una de las pocas cosas que cuidan la integridad de los trabajadores de prensa, además de la conciencia, es el estatuto del periodista profesional. La norma busca preservar a los periodistas de los intereses políticos y económicos de las empresas que los contratan. Mañana empezará un juicio que pone en riesgo esa –frágil– barrera de protección.

En una insólita paradoja, seis trabajadores de prensa serán sometidos a juicio oral acusados de atentar contra la libertad de expresión. Se trata de los miembros de la Comisión Interna de la Editorial Perfil, integrada por Rubén Schofrin, Marcelo Iglesias, Raúl Mileo, Carlos «Fito» Rodríguez, Héctor Velázquez y José Luis Quartana. Desde mañana y hasta el miércoles deberán comparecer ante el juez Walter Candela en un juicio sin precedentes: se los acusa de violar el artículo 161 del Código Penal –que protege a la libertad de prensa– por acciones de protesta desarrolladas en el marco de un conflicto gremial.

El caso se inició el 30 de octubre de 2013, cuando Perfil echó a 13 empleados el mismo día de la elección de Comisión Interna. Entre los despedidos se encontraban trabajadores designados en la junta electoral. El rechazo de los empleados se tradujo en medidas de protesta, que incluyó el bloqueo a la distribución de los productos que elabora la editorial. La réplica de la empresa fue una demanda que ya provocó embargos y expone a los acusados a penas de hasta seis meses de prisión.

El caso es grave en sí mismo –una condena consagraría el equívoco que confunde libertad de prensa con libertad de empresa–, pero puede sentar un precedente aún peor. La criminalización de la protesta –social, sindical, popular– es un viejo anhelo de la derecha argentina y forma parte de la agenda de «reformas» que impulsa Mauricio Macri. 

El gobierno utiliza la existencia de sindicalistas corruptos para demonizar la actividad sindical. Es un modo eficaz de domesticar gremios, pero hay otros. El miedo al desempleo suele funcionar como un disciplinador natural. 

El gremio de prensa fue uno de los más afectados por la destrucción de empleos durante la primera mitad del mandato PRO. Según cálculos del SiPreBA, se perdieron unos 2500 puestos de trabajo desde el arribo de Macri. Y el futuro se muestra aún más desolador: esta semana se anunció la venta del Grupo Indalo, dueño de C5N, Radio 10, Ámbito Financiero y otra media docena de medios. 

¿Qué ocurrirá con ellos? El comunicado de Indalo anticipa que los nuevos dueños –el fondo OP Investments, cuyo rostro visible es un financista que trabajó en empresas del clan Macri y el Grupo Clarín– realizará una «reestructuración general» (ajuste) que incluirá «la venta de activos no estratégicos». Versiones no desmentidas por la empresa sugieren que a OP Investments «no le interesan» los medios de comunicación. Y si sobreviven, es de esperar que los nuevos dueños retoquen la línea editorial en sintonía con la fiebre amarilla que afecta a los medios argentinos. 

Es probable, también, que el gobierno, competidores y periodistas carcomidos por «la grieta» se vean tentados de celebrar la caída de medios críticos al macrismo. Pero, al menos los colegas –aun los más rastreros y miserables–, deberían pensarlo dos veces antes de festejar. Y repasar los versos de Martin Niemöller:

«Cuando los nazis vinieron a buscar a los comunistas,

guardé silencio,

porque yo no era comunista.

Cuando encarcelaron a los socialdemócratas,

guardé silencio,

porque yo no era socialdemócrata.

Cuando vinieron a buscar a los sindicalistas,

no protesté,

porque yo no era sindicalista.

Cuando vinieron a por los judíos,

no pronuncié palabra,

porque yo no era judío.

Cuando finalmente vinieron a por mí,

no había nadie más que pudiera protestar.»