Pobre respuesta del Gobierno argentino a la CIDH por los recortes en políticas de género

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidió al Gobierno argentino respuestas por la situación de las políticas sociales y alimentarias, y por los recortes y vaciamientos de los programas de género y de memoria, verdad y justicia.

Fue una jornada intensa dentro del 191° Período de Sesiones de la CIDH que se realizó en Washington y en el que participaron el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), Amnistía Internacional, la Fundación Mujeres x Mujeres, la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables y el Centro de Estudios Legales y Sociales. Por su parte, el Estado estuvo representado por el secretario de Derechos Humanos, Alberto Baños.

Las organizaciones pusieron énfasis en el estado de situación de las políticas públicas destinadas a atender y erradicar la violencia de género y a garantizar el acceso a servicios de salud, especialmente de salud sexual y reproductiva desde la asunción del gobierno de Javier Milei. Además, de acuerdo al comunicado emitido por el CELS, informaron sobre el desmantelamiento institucional, la reducción de personal y los recortes presupuestarios en programas, dispositivos e insumos, lo que afecta directamente a niñas, adolescentes, mujeres y diversidades.

Políticas desfinanciadas

“El gobierno argentino se alejó de posiciones construidas transversalmente por los partidos políticos democráticos en las últimas cuatro décadas y se acercó a la agenda global de extrema derecha”, dijo la Juliana Miranda, coordinadora del equipo internacional del CELS. “Además, se niega a mencionar la violencia sexual y de género como aspectos de preocupación. Nuestro país fue el único que se negó a firmar la Declaración ‘sobre igualdad de género y empoderamiento de las mujeres’”, agregó.

Por su parte, en representación de ELA, la directora ejecutiva del organismo, Natalia Gherardi, expresó: “entre enero y marzo de 2024, 2.462 mujeres solicitaron acceso al Programa Acompañar, destinado a víctimas de violencia de género. Sólo 434 lo recibieron, a pesar de que el 54,4% estaba con el máximo nivel de riesgo”.

También destacó que el programa tuvo una caída del 98%. “Es más que una estadística: son miles de mujeres cuyas vidas están en riesgo mientras el Estado las deja libradas a su suerte”. En ese sentido, Gherardi enumeró lo que representa este feroz recorte. “El actual gobierno ataca los derechos de las mujeres, niñas, adolescentes y personas LGBT. Desmanteló políticas públicas exitosas, desprestigió sin evidencias las instituciones que las garantizaban, recortó el presupuesto y redujo el personal que las implementa. El Estado abandona a las mujeres y renuncia a su rol de garante del acceso a derechos en todo el país”.

Desde FUNDEPS, la directora ejecutiva denunció la desarticulación de programas que apuntaban directamente a la protección de mujeres, niñxs y diversidades ante la violencia. “La Línea 144 sufrió un recorte de presupuesto del 28% y redujo el personal hasta en un 42%. La demanda es cada vez mayor. Además, se anunció la reducción de 105 a 24 de los Centros de Acceso a la Justicia y se desmanteló el Programa Acercar Derechos: en el primer trimestre tuvo una reducción del 65%”, dijo sobre la desarticulación de las políticas que la Subsecretaría de Protección Contra la Violencia de Género tenía a su cargo.

En su exposición, Lucila Galkin, directora de género de Amnistía Internacional Argentina se refirió al desfinanciamiento a los programas vinculados a la salud sexual y reproductiva.

“El Estado nacional paralizó la distribución de insumos para garantizar la interrupción voluntaria y legal del embarazo”, dijo. “Numerosas provincias informaron faltante de métodos anticonceptivos. El Plan ENIA sufrió un recorte del 68%. En 4 años había logrado bajar en un 49% la fecundidad adolescente”.

Al respecto, la presidenta de la Fundación MujeresxMujeres, Soledad Deza, planteó: “pedimos a la CIDH que monitoree las regresiones en las políticas contra las violencias de género y el acceso a los derechos sexuales y reproductivos. Y que inste al Estado a cumplir con sus compromisos con la igualdad de género y a garantizar las políticas para erradicar todas las formas de violencia de género”.

“El Estado es responsable de la implementación de las políticas públicas para erradicar las violencias de género, prevenir el embarazo adolescente, garantizar el acceso a derechos sexuales y reproductivos, y asegurar la educación sexual integral para niñas, niños y adolescentes de todo el país”.

Sin respuestas

El secretario de Derechos Humanos, Alberto Baños, no accedió a responder preguntas, tal como lo hizo en la primera audiencia que se realizó a las 13 sobre la falta de políticas sociales para lxs trabajadorxs de la economía popular en Argentina.

En cambio, leyó un informe en el que dijo que los recortes en las políticas de género tuvieron como objetivo “recuperar la economía” y “poner el equilibrio las cuentas. Dijo además que “si la economía mejora, también mejorará la vid de las mujeres”.

Las respuestas a las preguntas formuladas durante la audiencia, dijo, se realizaron luego por escrito.

La mirada de la CIDH

El comisionado de la CIDH, José Luis Caballero advirtió al Estado argentino sobre su decisión de no responder preguntas y le recordó que el espacio de la audiencia es para debatir e intercambiar información.

Enfatizó sobre la postura del gobierno sobre su minimización de la violencia de género. “Lo que no se nombra no existe. Si decimos que la violencia no tiene género no hay protección específica. Desde la CIDH hay que tener apuestas claras”.

A su vez, la presidenta de la CIDH, Roberta Clarke, expresó, “hoy se invisibiliza la violencia contra la mujer. Es el tipo de violencia más perpetrada por eso no hay que dudar en nombrarla y explicar la desigualdad que enfrentan las mujeres. No quiero darle un sermón, señor secretario (por Baños), pero tiene que reforzar todos estos conceptos para que la violencia de género no sea naturalizada”.

Luego de esta exposición, se concretó la tercera audiencia sobre el ataque a las políticas de memoria, verdad y justicia.