Polémica absolución a los acusados de un contagio masivo de VIH

Tras 21 jornadas de debate oral y el desfile de 55 testigos, de los cuales 23 eran profesionales de la salud, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 3 absolvió a los médicos Miguel de Tezanos Pinto y Pedro Raúl Pérez Bianco y al abogado Eduardo Carlos Biedma, de la Fundación de la Hemofilia, acusados de haber contagiado VIH y hepatitis B y C a más de mil pacientes hemofílicos que recibían tratamiento. El abogado querellante, Gonzalo Giadone, calificó el fallo de «escandaloso» y aseguró que apelará a Casación.

Así se cierra una etapa que tuvo varias idas y vueltas y que pretendía establecer si entre 1979 y 1995 hubo un contagio masivo a los pacientes que se atendían en la Fundación. El próximo 29 de marzo se conocerán los fundamentos de la resolución.

«El número total de afectados no lo conocemos porque nunca quisieron dar las estadísticas de la cantidad de hemofílicos fallecidos e infectados. Calculamos que hubo 211 casos de VIH Sida y 723 de hepatitis, pero las estadísticas que han juntado los familiares llegan a los 1200 en total», precisó Giadone, quien aseguró que de los 35 querellantes que lograron sumarse al proceso judicial, 12 fallecieron antes del juicio.

En el año 2005 se inició la acción penal y el juez federal Claudio Bonadio consideró en reiteradas oportunidades que la causa había prescripto, hasta que a fines de 2015 la Cámara Federal de Casación Penal sostuvo que la prescripción no era posible porque el contagio era un delito continuado y permanente.

«Bonadio fue apartado y la causa quedó en manos del juez Sebastián Ramos y la fiscal Alejandra Mangano. Una de las causas que le quedaron pendientes en el Consejo de la Magistratura tuvo que ver con esto», explicó Giadone a Tiempo, y describió que en 2016 «los nuevos funcionarios judiciales se pusieron a hacer todo lo que Bonadio se había negado a hacer: secuestraron las historias clínicas, ordenaron diferentes medidas probatorias y allanamientos en la Fundación y en la Academia Nacional de Medicina, que era donde se trataban los pacientes». Al año siguiente, los tres sospechosos fueron procesados.

Giadone había pedido 15 años de prisión para Tezanos Pinto, 14 para Pérez Bianco y siete para Biedma. El fiscal federal Nicolás Czizik, por su parte, solicitó penas de dos años y un año y medio en suspenso para los médicos y la absolución del abogado, al entender que había que «ser cautelosos a la hora de efectuar juicios de valor sobre tratamientos médicos que se decidieron sobre la base de la información de una época».

El letrado indicó que podría denunciar por calumnias e injurias al defensor Fernando Goldaracena. «Me descalificó constantemente y llegó a decir que la acusación de la fiscal era una lista de almacén», y agregó: «No descarto algún elemento de parcialidad y grave subjetividad, porque Goldaracena, quien supo defender a militares condenados por lesa humanidad, fue profesor del juez en la universidad, por lo que quedó en evidencia cierta condescendencia».  «