Polémica condena contra 11 campesinos por la masacre de Curuguaty

El tribunal paraguayo que juzga la masacre de Curuguaty, que en junio de 2012 causó la muerte de 17 personas, entre ellos once labriegos y seis policías, declaró esta tarde culpables a los 11 campesinos acusados, en medio de las protestas y los gritos de abogados, familiares y militantes de organizaciones de derechos humanos que respaldaban a los procesados.

La lectura del fallo preanuncia el recrudecimiento de la polémica que signó todo el juicio, severamente cuestionado. Las sentencias fueron transmitidas en directo por el sitio de la Corte Suprema paraguaya, desde la sala de juicios orales número 2 del Palacio de Justicia, y seguido desde afuera del edificio por miles de personas convocadas por organizaciones sociales, campesinas, gremiales y políticas.

Ya desde el miércoles decenas de personas se habían instalado frente al Palacio de Justicia en campamentos, en respaldo a los campesinos procesados, y esta mañana, en medio de una gran convocatoria multisectorial, la sentencia fue seguida a través de pantallas gigantes en las afueras de los tribunales de Asunción.

El operativo de desalojo de la finca Campos Morumbí, en la localidad de Curuguaty del departamento Canindeyú, 240 kilómetros al noreste de la capital paraguaya, terminó en junio de 2012 con la muerte de 17 personas, pero en el juicio únicamente se procesa a 11 campesinos por los crímenes de los seis agentes de policía y no hay ningún imputado por la muerte de los ocupantes de las tierras.

La finca, cuya propiedad estaba en litigio entre el Estado paraguayo, que aducía haberla recibido en donación, y el entonces senador y ex presidente del Partido Colorado -hoy fallecido- Blas Riquelme, había sido ocupada por un centenar de campesinos que protestaba por la escasez de tierras agrícolas en la zona.

El hecho derivó en un juicio político en tiempo récord contra el entonces presidente Fernando Lugo, que terminó destituido y reemplazado por su vicepresidente, el liberal Federico Franco. Por ese paso, Paraguay fue suspendido del Mercosur y de la Unasur, bloques a los que regresó una vez que realizó nuevas elecciones.

En este cuestionado proceso, la Fiscalía pidió 30 años de cárcel más diez como medida de seguridad para Rubén Villalba, considerado el líder de los campesinos y responsable de una asociación criminal con financiamiento propio, estructurado y logístico, 25 años para Luis Olmedo, y 20 para Arnaldo Quintana y Néstor Castro Benítez. Para otros cuatro acusados pidió cinco años de prisión y para las tres mujeres, a las que consideró partícipes de la masacre porque hicieron de «señuelos» para la matanza, reclamó ocho años de cárcel.

«Si el fallo se limita a lo jurídico, no hay dudas de que deben ser absueltos todos, no sólo porque no se demostró la responsabilidad de ninguno, sino porque se cambió la carátula y no se produjeron nuevas pruebas; la acusación no es comprobable», señaló a Télam el abogado Víctor Azuaga, uno de los defensores.

El letrado advirtió que la Fiscalía «ocultó pruebas, como las placas radiográficas de los muertos y las imágenes que se hicieron desde helicópteros, y agregó acusaciones basadas en la ideología, como las lecturas de los acusados. Pero sabemos que, aunque sea ridículo, van a buscar un fallo político para cerrar esto; es evidente el interés por condenar al menos a algunos, así que iremos a la Corte y hasta a los tribunales internacionales».