Polémica en un hospital de Morón por criminalizar el aborto

“Se comunica a todo el personal médico que de acuerdo a las leyes vigentes deberá efectuar la denuncia policial obligatoria frente a la recepción de los casos que a continuación se enumeran: sospecha de aborto, sospecha de violación, sospecha de abuso sexual, herida de bala, herida de arma blanca, heridas por elementos varios (traumatismos), golpiza, sospecha de maltrato (escoriaciones, lesiones por golpe) tanto en varones, mujeres y niños de cualquier edad”. Este mensaje apareció el viernes 19 de agosto en un papel pegado en las paredes del Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS), Dr. Springolo, ubicado en Palomar, Morón. Membretado con el logo del municipio que conduce Ramiro Tagliaferro (Cambiemos-PRO), el comunicado, además, obligaba a los profesionales de la salud a “solicitar a la autoridad policial competente copia de la denuncia para archivo en este CAPS y dejar asentado en el libro de guardias”. Al pie de la página se adjuntaba el teléfono de la Comisaría Sexta de Palomar.

Desde el Municipio de Morón aseguraron a Tiempo que “la salud sexual y reproductiva es prioridad”, que “el aborto es una de las cuestiones prioritarias en salud pública” y que el mensaje que apareció en ese Centro de Atención Primaria de la Salud –el cual generó el repudio de diferentes sectores políticos y organizaciones de defensa de los derechos de la mujer– “no representa las opiniones ni las políticas sanitarias del Municipio de Morón”. Por eso agregaron que “ante este hecho, se inició un sumario administrativo y se separó del cargo y sus responsabilidades al Coordinador médico de ese centro, Dr. Mario Marine, quien se desempeña como profesional en el Municipio hace 25 años, y al Coordinador administrativo, Daniel Araujo”.

Florencia Maffeo es integrante de Socorristas en Red de Morón, una de las tantas organizaciones que integra la Campaña Nacional por el Derechos al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. En diálogo con Tiempo, y nos obstante lo dicho por el municipio, la mujer denunció que “en Morón se usa al personal de salud de una manera policial y persecutoria, con diferentes niveles de obediencia” y recordó que el actual secretario de Salud municipal, Miguel Russo, es el exsecretario de Salud de la Municipalidad de San Miguel, localidad en la que funciona el Hospital Larcade, donde, aseguró la mujer, “desde hace años, los médicos están obligados a denunciar abortos”.

Además, Maffeo aseguró que en el Hospital de Morón se están rechazando interrupciones legales del embarazo y contó que desde su organización piden reuniones ante Russo y ante la directora de Atención Primaria de la Salud del Municipio, Viviana Bertolini, porque hay escases de métodos anticonceptivos en el municipio. “Hasta diciembre, se compraba misoprostol, una sustancia que facilita la interrupción voluntaria del embarazo de manera legal, que figura dentro del protocolo de interrupciones legales del embarazo del Ministerio de Salud de la Nación y que es para la Organización Mundial de la Salud uno de los medicamentos básicos que debería haber en todos los países. Ahora no lo compran más. Es imposible reunirse con ellos. Lo del diálogo es todo mentira. Esto había llevado a cero la tasa de mortalidad del embarazo en el municipio”.

“Escandaloso cartel que obliga a lxs profesionales de salud a violar leyes y tratados Internacionales de DDHH contra las mujeres en Morón”, tuiteó la diputada nacional por el Frente para la Victoria, Juliana Di Tullio cuando trascendió la imagen del comunicado pegado en la pared del centro de salud de Palomar.

Consultada por Tiempo en relación al caso, Di Tullio aseguró: “Me parece bien que den marcha atrás pero lo hecho ya hace daño. Es un gran desconocimiento de las leyes y de los pactos internacionales. Los trabajadores de la salud no desconocen las leyes, ni los pactos, ni los acuerdos, ni los protocolas vigentes en la Argentina, sobre todo en materia de aborto”. Y en relación a la decisión oficial de remover a los médicos responsables finalizó: “Me resulta extraño y llamativo que haya sido una iniciativa de un personal de la salud de un hospital. Esto constituye una amenaza que pone en riesgo a las mujeres”.