Polémica por la nueva detención de López y De Sousa

Luego de que la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal ordenara la reposición de la prisión preventiva para los empresarios dueños del Grupo Indalo, Cristóbal López y Fabián de Sousa, ambos volvieron a la cárcel. López está en el penal de Ezeiza y De Sousa en Marcos Paz.

El viernes, con un fallo que ya comenzó a generar polémica porque Casación no suele abrir recursos para revisar prisiones preventivas, ni a favor ni en contra, el tribunal tomó la decisión de reponer las medidas cautelares y cambiar la carátula de la causa que la Cámara Federal había modificado hace poco más de un mes. Esta última instancia había dispuesto que a los empresarios se les otorgara la excarcelación por considerar que esa medida no ponía en riesgo la investigación contra el Grupo Indalo. Además había modificado la carátula de la causa, cambiándola de  “defraudación al Estado” por “apropiación indebida de recursos”. Sin embargo, el jueves pasado, el fiscal general ante Casación, Raúl Pleé, solicitó que se revoque la medida y que los empresarios sean detenidos nuevamente. 

La decisión de la sala I del máximo tribunal penal, en consonancia con el pedido de Pleé, fue tomada por mayoría con los votos de los jueces Gustavo Hornos y Eduardo Riggi, mientras la camarista Ana María Figueroa se pronunció en disidencia. En un fallo de 148 páginas, los jueces dispusieron que los empresarios y el ex titular de la AFIP Ricardo Echegaray vuelvan a ser investigados por «defraudación al Estado».

El núcleo de la polémica no es sólo la caratula sino, otra vez, el uso de la prisión preventiva, ya que aún con el cambio de tipificación, el delito que se les imputa a los dos hombres de negocios considera una pena máxima de seis años. Es decir que cumple uno de los requisitos básicos para transitar el juicio en libertad. Por eso el argumento más utilizado por los dos jueces que formaron la mayoría para la decisión fue que López y De Sousa podían obstruir la investigación, una valoración que en los últimos meses se ha vuelto sumamente flexible y arbitraria en diversos casos. 

Cuando había salido en libertad, en marzo, López había hecho fuertes declaraciones: “No estuve preso. Estuve secuestrado. Hubo una orden política. El juez tuvo mi apelación dormida 42 días porque alguien se lo pidió. Todo lo que huele a Cristina hay que meterlo preso. El objetivo es Cristina”.

No es un dato menor que el fallo de la Cámara que liberó a los empresarios había indignado al gobierno nacional. El propio Mauricio Macri había hecho público su disgusto en una entrevista televisiva. Luego comenzaron a llover las denuncias contra el juez Jorge Ballestero en el Consejo de la Magistratura, uno de los que se pronunció por la excarcelación de López, y también se cuestionó a Eduardo Farah, el otro camarista. Finalmente, en menos de un mes, Farah pidió ser trasladado a otro tribunal y Ballestero presentó una licencia médica.  

La intromisión y presión del Poder Ejecutivo en el Judicial logró despejar una sala de la estratégica Cámara Federal, que ahora el oficialismo tratará de copar con jueces a fines. «