Polémico nombramiento de Casal a un fiscal interventor en la causa AMIA

Por: Néstor Espósito

Se trata de Sebastián Basso, quien fue nombrado por procurador nacional, y ocupará el cargo de Alberto Nisman. Los familiares denuncian que no les avisaron de la incorporación y se mostraron alertas por la vinculación entre el letrado y una ex jueza cercana a Carlos Menem.

El procurador general de la Nación interino, Eduardo Casal, designó en la fiscalía especial que investiga el atentado contra la AMIA, sin consultar con los familiares de las víctimas, a una suerte de interventor, el fiscal federal de Morón Sebastián Lorenzo Basso. La fiscalía es la que ocupaba el difunto Alberto Nisman hasta su muerte. Ahora está a cargo de Roberto Salum y Santiago Eyherabide, quienes produjeron en tres años más avances que en todo el período anterior. Basso parece llamado, no obstante, a convertirse en el nuevo hombre fuerte de esa fiscalía especial.

La novedad fue oficializada el 29 de noviembre pasado mediante la resolución 281/18, apenas conocida en las últimas horas. La designación causó malestar entre las agrupaciones de familiares, a quienes les llegó información sobre los orígenes de Basso en el Poder Judicial, de la mano de la ex camarista María Luisa Riva Aramayo.

Ese vínculo, rayano en el parentesco, ofuscó a los familiares. Riva Aramayo, quien murió en 2007, fue señalada como parte del supuesto encubrimiento de la denominada “pista siria”, una línea de investigación que conducía hacia otros presuntos autores del atentado, diferentes de los iraníes oficialmente acusados. Por ese desvío de la investigación están hoy en el tramo final del juicio oral el ex presidente Carlos Menem, el ex juez Juan José Galeano, los ex fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia, el ex titular de la DAIA Rubén Beraja, el ex titular de la SIDE Hugo Anzorreguy y el ex desarmador de autos, hoy abogado Carlos Telleldín. Este último recibió –según la acusación- 400 mil dólares para involucrar falsamente en el atentado a policías bonaerenses y, así, desviar la pesquisa que se orientaba hacia sirios.

Riva Aramayo, una jueza de extrema cercanía al ex presidente Menem y fluida relación con los servicios de inteligencia, solía visitar a Telleldín en la cárcel.

Un documento oficial al que tuvo acceso Tiempo explica que “mientras el incidente de recusación planteado por Telleldín en contra del juez Galeano se encontraba en trámite ante la Cámara de Apelaciones, el abogado defensor de Telleldín presentó un escrito desistiendo de la recusación y solicitando una entrevista entre Telleldín y la Dra. Riva Aramayo. A partir de una serie de reuniones realizadas entre el imputado y la jueza –de las que se dejó constancia sólo en el primer caso- se comenzó a incorporar al expediente bajo la forma de constancias efectuadas por el Dr. Galeano –en lugar de declaraciones testimoniales de la jueza- datos supuestamente suministrados por Telleldín a la Dra. Riva Aramayo”.

Basso es fiscal de Morón pero entre sus antecedentes figura como secretario letrado del difunto fiscal Luis Comparatore. La actuación de ambos durante la represión que precedió en diciembre de 2001 a la caída del gobierno de Fernando De la Rúa es muy cuestionada hasta hoy.

También intervino en la causa por la desaparición del adolescente Luciano Arruga, presunta víctima de violencia policial, quien permaneció casi cinco años sepultado como NN. Últimamente, Basso estuvo en las noticias por un llamado a indagatoria del ex secretario de Comercio Guillermo Moreno en una causa vinculada con la cesión de terrenos del Mercado Central, una imputación contra el ex intendente de La Matanza y actual legislador Fernando Espinoza por una supuesta “banda parapolicial” en ese distrito y, sobre todo, por el procesamiento de la viuda y un hijo del fallecido jefe narco colombiano Pablo Escobar Gaviria. En esa causa también fue procesado el ex futbolista de Boca Juniors Mauricio “Chicho” Serna.

“A fin de asegurar un eficiente y adecuado desempeño de las funciones de este Ministerio Público Fiscal, corresponde adoptar medidas tendientes a posibilitar un mejor aprovechamiento de los recursos humanos disponibles y favorecer así la defensa de los intereses por los que el organismo debe velar”, escribió el procurador interino Casal en los fundamentos de la designación en la UFI Amia.

“Resulta apropiado designar otro magistrado de este Ministerio Público Fiscal a fin de garantizar un abordaje de la investigación acorde con la extensión, complejidad y diversidad de las distintas actuaciones en las que debe intervenir esta dependencia especializada”, insistió.

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