Ponce de León: a 39 años de su muerte, la causa continúa frenada

La causa por la muerte del obispo de San Nicolás Carlos Ponce de León lleva años demorada en la justicia federal. Allí descansa sin muchas novedades y acumulando cuerpos desde hace 10 años. Entre jueces morosos ya apartados y el tibio aporte de la Iglesia, a 39 años del hecho todavía se debe determinar si el 11 de julio de 1977 el religioso, vinculado con el Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo, murió en un accidente automovilístico o fue asesinado por la dictadura.

Tras el rechazo del exhorto enviado al Vaticano para pedir información, querellantes y militantes de organismos de derechos humanos ponen sus expectativas en el (lento) avance de la causa judicial, hoy a cargo del juez rosarino Marcelo Bailaque. Desde hace un año (se esperaba para mediados del año pasado) se demoran las audiencias para contrastar las dos hipótesis contradictorias de los peritos que intervinieron en la causa para intentar zanjar el principal nudo de la investigación.

Los dos estudios se contradicen: los oficiales de Gendarmería Christian Calderón y Carlos Alberto Adra consideraron que el choque entre el Renault 4 en el que iba Ponce de León y una camioneta F100 fue un accidente. Mientras que para el perito de parte de la Secretaría de Derechos Humanos, el ingeniero Jorge Geretto, se trató de un choque provocado, en un claro atentado contra la vida del obispo.

El 9 de junio se realizó el primer encuentro en el juzgado de San Nicolás, donde Geretto impactó con su demostración a través de una simulación en un software que utiliza la Policía Federal para analizar choques vehiculares. El experto sostiene que el obispo fue asesinado se trató de un accidente y que el obispo fue asesinado. Para respaldar su teoría, mostró en directo las distintas variables de lo que pudo haber ocurrido hace 39 años y propuso hacer una simulación real en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) que realiza controles de calidad para vehículos.

Al día siguiente debían comparecer los peritos de Gendarmería, sin embargo Bailaque volvió a suspender la medida hasta nuevo aviso. Para apurar los tiempos, se presentó un escrito pidiéndole al juez que fije fecha para una nueva audiencia.

Pedido al Papa. En medio de estas audiencias, la fiscalía a cargo de María Paula Moretti trabaja en una nueva presentación al Vaticano, ya que la anterior fue rechazada. Esta vez se hará un reclamo puntual de documentación para obtener información, por ejemplo, sobre la denuncia que realizó a la nunciatura apostólica un grupo de laicos realizó antes del golpe contra Ponce de León, como se menciona en un informe de inteligencia del Ejército que publicó Tiempo días atrás. Un pedido similar se realizó días atrás por la Masacre de San Patricio y existe el antecedente de la información aportada por la Santa Sede en el juicio en La Rioja por el asesinato de Enrique Angelelli.

Una causa demorada. Bailaque tomó la causa en 2014 en reemplazo de dos jueces desplazados por las demoras e irregularidades, Carlos Villafuerte Ruso y Martín Alberto Martínez. Cuando la Cámara Federal de Rosario ordenó la realización de la audiencia en mayo del 2015 destacó la necesidad de avanzar de manera urgente: “Se observa que el presente sumario se inició el 30-05-2005, es decir hace casi diez años, por lo que habiendo transcurrido un tiempo más que prudencial para determinar las circunstancias de la muerte dudosa del obispo, corresponde que el juez instructor adopte rápidamente las medidas necesarias para arribar al esclarecimiento de los hechos investigados y la concreción de los actos procesales pendientes de producción”, señalaron los jueces Edgardo Bello, José Guillermo Toledo y Elida Vidal en su voto.