La suspensión de la pauta y el no pago de la deuda contraída por la gestión anterior ahorcan al sector de los medios autogestivos.

Los ataques a la prensa por parte del gobierno nacional son constantes. El primero fue contra la Agencia Télam, fuente imprescindible para los medios que aspiran a ofrecer una agenda federal. Sus trabajadores y trabajadoras, conscientes de la importancia y la valía de la agencia, resisten hace 99 días contra su cierre. Al mismo tiempo, el vaciamiento de la Televisión Pública y Radio Nacional fomentan e impulsan el aislamiento y la incomunicación que, como bien alertó Rodolfo Walsh, promueven el terror.
El amedrentamiento del gobierno corre en paralelo a sus políticas de recorte de derechos, entre ellos, el de informarse. Los sucesivos ataques verbales en comunicados o en redes sociales y la represión física en las calles, de la que dan cuenta también los reporteros gráficos, son claras muestras de la intimidación que se intenta ejercer. En los últimos días, el ejecutivo nacional sumó una estrategia más: la judicialización. Nancy Pazos y Darío Villarruel fueron acusados de «instigación a cometer delitos» por ejercer su derecho a opinar.
Los apremios económicos afectan también de manera colectiva. La suspensión total de pauta y el no pago de la deuda contraída por la gestión anterior ahorcan al sector de medios autogestivos y cooperativos cuyos trabajadores, al igual que sus colegas de medios privados, enfrentan condiciones de trabajo precarizadas y de puriempleo alarmantes.
Así lo demuestra la encuesta que realizó el Sindicato de Prensa de Buenos Aires. Los siguientes datos sintetizan el estado de la cuestión: el 76% de los y las periodistas que completó la encuesta respondió que cobra sueldos por debajo de la canasta básica total del Indec. En prensa escrita, este número se eleva al 98 por ciento. La consulta también revela que la equidad de género sigue siendo una cuenta pendiente: sólo el 38% de quienes trabajan en prensa en el AMBA son mujeres y disidencias.
En este contexto, o a pesar de él, el periodismo resiste los embates por degradarlo y silenciarlo. Brega por sostener su mirada crítica sin censura, por la pluralidad de voces, por mejores condiciones laborales, por los y las colegas que no tienen o perdieron su trabajo, por una democracia participativa pero, sobre todo, pugna por no naturalizar la violencia y el destrato en la actividad y en la sociedad en su conjunto.
Desde la profesión, las luchas no solamente se narran sino que se ejercen y en este año con un objetivo claro: alzar la voz para mostrar lo que pasa con precisión, ética, responsablidad e independencia.
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