En el país nórdico aseguran que se convirtió en “uno de los sistemas escolares más mercantilizados del mundo”. La propia ministra de Educación de Suecia lo asumió: "No es sólo un problema de varias escuelas, sino que se convierte en una falla del sistema todo".
Ya a mediados de este año un informe del mayor sindicato de docentes de Suecia había advertido –según publicó el periódico británico The Guardian– sobre las consecuencias negativas de haberse convertido en “uno de los sistemas escolares más mercantilizados del mundo”.
Pero en las últimas semanas se sumó nada menos que la crítica de la liberal que fue nombrada a cargo de la cartera educativa el año pasado, Lotta Edholm. «No es sólo un problema de varias escuelas, sino que se convierte en una falla del sistema todo», definió tras cuestionar el lucro en detrimento de la calidad educativa.
El modelo sueco de escolarización, similar al que defiende Milei para Argentina, lleva más de dos décadas funcionando. Se instaló en 1992 para que las familias reciban los recursos de forma directa y puedan decidir cómo usarlos en la educación de sus hijos e hijas.
Las opciones incluyen escuelas públicas gestionadas por municipios, escuelas privadas con fines de lucro gestionadas por empresas y escuelas privadas sin fines de lucro gestionadas por asociaciones o fundaciones.
“En Suecia fue un éxito si se valora la amplia variedad y la oportunidad de elegir”, dijo en agosto al diario La Nación Jonas Larsson Taghizadeh, profesor e investigador en la Universidad de Upsala. “Los alumnos y los padres disponen ahora de un mayor número de centros con distintos perfiles pedagógicos entre las opciones”, remarcó.
Pero más allá de la posibilidad de elegir, no tardaron en surgir cuestionamientos. Por caso, ante las diferencias entre la caída en los resultados de estudiantes suecos ante pruebas internacionales y el alza en las calificaciones nacionales. Un contraste que no tardó en sembrar dudas.
De hecho, en sus críticas, Edholm acusó a algunas escuelas gratuitas de retocar las calificaciones para obtener mejores puntuaciones y bonos, creando un “desequilibrio” en todo el sistema. “Es injusto y lleva a los estudiantes a pensar que tienen muchos más conocimientos de los que realmente tienen”, apuntó.
Además, se registró un aumento de la desigualdad, pese a la aparente igualdad de oportunidades que proclama el mecanismo. Según un estudio de la revista académica The Journal of Population Economics, las familias con mayor nivel educativo y los nacidos en Suecia tienen más probabilidades de elegir una escuela privada con vouchers que aquellas familias con menor nivel educativo e inmigrantes.
La ministra anunció una revisión del sistema y anticipó una reforma. Entre otras cuestiones, prometió endurecer los controles sobre la influencia religiosa en la enseñanza y fortalecer las reglas sobre la propiedad de las escuelas, a raíz de un informe del gobierno sueco que advertía que las escuelas gratuitas podrían ser explotadas por propietarios que quisieran influir en la sociedad.
«No será posible (en el sistema reformado) obtener ganancias a expensas de una buena educación», vaticinó Edholm.
Para el presidente electo, “con el mecanismo de vouchers se crea competencia, entonces aquellas instituciones que lo hagan mejor van a tener mayor afluencia de alumnos” y “las instituciones que quiebren van a quedar en manos de las que queden en expansión, y es un círculo que genera mejor calidad educativa”, según enfatizó con su lógica mercantilista aplicada a todo ámbito.
La transformación del sistema educativo para la implementación de vouchers fue una de las banderas de campaña de Milei, casi al nivel de la dolarización. Tras el balotaje reafirmó su intención de implementarlos, aunque comenzó a postergar la idea e indicó que no se concretaría en el corto plazo. Por lo pronto, el único hecho es la rebaja de Ministerio a Secretaría de Educación.
Según consignó Letra P, la reunión de transición entre el ministro Jaime Perczyk y el próximo secretario del área, Carlos Torrendell, no arrojó ninguna definición sobre el sistema de vouchers, ni precisiones sobre arancelamiento y presupuesto educativo.
Claro que más allá de la falta de precisiones y las postergaciones, la primera alarma que se enciende al comparar el modelo sueco con lo que pretende implementarse en este país tiene que ver justamente con las diferencias socioeconómicas entre Suecia y Argentina; la gran presencia del Estado en ámbitos de la vida cotidiana sueca (a diferencia del achicamiento que quiere implementar Milei en el país) y las distancias entre ambos países en lo que es inversión educativa: para citar solo un dato, el país nórdico destinó en 2018 un 15.67% de su gasto público a educación. En Argentina, por ley ese porcentaje debería representar un 6% del PBI, algo que se incumplió en 13 de los últimos 14 años. Y peligra aún más de cara a 2024, con la promesa de un gasto estatal recortado a fuerza de motosierra.
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