¿Por qué votaríamos en contra nuestra?

Reducir las indemnizaciones por despido, bajar las cargas patronales, permitir que la policía rompa huelgas, frenar la «industria del juicio» o terminar con la ultraactividad de los convenios colectivos de trabajo. Esas son las únicas ideas “nuevas” que tienen en la oposición para las y los trabajadores. Todas propuestas para quitar derechos, todas propuestas que atrasan, que ya se probaron durante la última dictadura o en los gobiernos de Menem y De la Rúa. Todas propuestas que afectarían directamente a la clase trabajadora. Ninguna de ellas funcionó: no crearon empleo, tampoco mejoraron los salarios. Todo lo contrario: desindustrializaron el país, empobrecieron al pueblo y se produjeron estallidos sociales que terminaron con represión y muerte, como en la crisis de 2001.

La candidata y los candidatos opositores no se preguntan cómo aumentar los salarios, porque si lo hicieran tendrían que preguntarse cómo hacer crecer la economía del país y cómo aplicar medidas redistributivas que mejoren la vida de quienes producimos la riqueza del país. Deberían preguntarse además por qué entre 2016 y 2019 los salarios reales se achicaron 20 puntos.

Durante los últimos años, con una pandemia y una guerra entre países productores de alimentos y energía, los salarios volvieron a caer, la inflación creció, igual que creció la ganancia empresaria y aumentó la productividad. No fue necesario una reforma laboral “modernizadora” como la que impulsan desde la oposición para que las empresas mejoren sus rendimientos. La realidad vuelve a ponerse en contra de ellos.

Lo que necesitamos las y los trabajadores es otra cosa. Es un programa económico que incluya medidas de fondo, que permita recuperar el salario con paritarias libres y garantizando el derecho a huelga y, también, contener la inflación, que creció al mismo tiempo que se fue recortando nuestro poder adquisitivo. Eso demostró, una vez más, que la plata en el bolsillo de los trabajadores no es la que genera la inflación. La plata en el bolsillo de los trabajadores vuelve a la economía: nosotros compramos alimentos, ropa, vamos al cine y a la cancha; todo dentro del país.

Y la mejor forma que encontramos los aceiteros para garantizarnos una vida digna es con un ingreso que cumpla con el derecho a tener un Salario Mínimo, Vital y Móvil que debe permitir resolver las nueve necesidades vitales: alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte y esparcimiento, vacaciones y previsión (Art. 14 bis de la Constitución Nacional y Art. 116 de la ley de Contrato de Trabajo).
Sólo con salarios dignos -que son viables si antes hay derechos laborales que pongan a las y los trabajadores en el centro- es posible impulsar el consumo, la producción y el empleo, en un círculo virtuoso que cualquier gobierno debe plantearse para resolver los problemas del país, que, junto a la inflación, son los bajos ingresos y la pobreza. «