Las últimas expresiones públicas del ministro de Salud, Mario Lugones, tuvieron que ver con la promesa de atraer inversiones por 8.000 millones durante los próximos seis años –algo que ya había prometido en mayo pasado-. Pero fueron otras las noticias de peso que lo involucraron, aunque no se haya referido al tema: en el marco de la causa que investiga cerca de un centenar de muertes por fentanilo contaminado, se supo que el responsable de la cartera sanitaria nacional está mencionado en chats de las funcionarias señaladas como principales responsables del desastre, junto con los dueños del laboratorio.
Tras las declaraciones de la exjefa de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología (ANMAT) Nélida Agustina Bisio y la exdirectora del Instituto de Medicamentos Gabriela Mantecón Fumadó, detenidas y excarceladas la semana pasada tras el pago de una fianza de 150 millones de pesos, el foco quedó puesto sobre Lugones, de quien dependían ambas funcionarias.
Las indagatorias a Bisio y Mantecón quedaron bajo análisis del juez Ernesto Kreplak y la fiscal Laura Roteta. Según declaró la extitular del INAME, Lugones estaba al tanto de las decisiones que se tomaban sobre el laboratorio Ramallo y HLB, productores de las ampollas contaminadas, ya que todo lo importante se lo reportaban a él. Así lo consignó la agencia Noticias Argentinas a partir de fuentes que accedieron al contenido de la indagatoria.
“Porque Mario pregunta”
“Solo en dos palabras decime si esto da para cierre porque Mario pregunta”, le escribió Bisio a Mantecón en un chat del 26 de marzo de 2025. Según Mantecón, el Ministro ya estaba al tanto del tema.
De acuerdo a lo que consta en la investigación, las autoridades de ANMAT indicaron que tenían un informe que recomendaba prohibir la producción, pero que no iban a hacerlo. “Re bien predispuestas ambas, las dos”, dice un mensaje de una representante del laboratorio, Victoria García, tras una reunión en Avenida de Mayo, la sede de la Anmat.
Cuando el 24 de febrero Mantecón Fumadó avanzó con la orden de retiro del mercado de las drogas, el anuncio llegó formalmente a los hospitales. Pero ya era tarde. Los casos fatales habían comenzado en enero, cuando profesionales del Hospital Italiano de La Plata dieron la primera señal de alerta.
Al ser consultada sobre por qué habían demorado tanto en firmar la carta que frenó la producción de Ramallo, la ex titular del INAME declaró que, en los primeros días de enero, cuando recibió el resultado de la inspección, ella lo remitió a Bisio quien, a su vez, también lo elevó al Ministerio de Salud. Según afirmó Mantecón Fumadó, su jefa (Bisio) le dijo que lo consultó con el ministro Lugones, que le respondió que avanzaran, pero con cautela.
Cobertura estatal
La sospecha es que las funcionarias les dieron cobertura estatal a laboratorios que no cumplían con los estándares mínimos para funcionar, pese a que sabían que estaban en riesgo decenas de vidas.
La hipótesis fiscal sostiene que “las exfuncionarias tuvieron responsabilidades en que se produjera, comercializara y suministrara el fentanilo contaminado, que culminó con casi un centenar de fallecidos y más de cuarenta lesionados”, según se destaca en el informe de Fiscalía.
Resta determinar el rol de la máxima autoridad de la cartera sanitaria nacional, quien solo se refirió de forma específica al caso de forma pública en agosto de 2025, durante una entrevista para el canal TN, cuando con la voz quebrada exclamó: “No tiene antecedentes. Me pongo muy mal cuando hablo de esto porque soy médico, y es un atentado a la gente”.
Por entonces, apuntó a la «conexión con el peronismo y con el kirchnerismo» del dueño de laboratorio, Ariel García Furfaro, detenido hace un año. También defendió a la titular de la Anmat, pero desplazó a Mantecón Fumadó, quien ahora lo señala.
