Fue el sector que más aumentó en 2023 según las planillas del Indec. Advierten por el impacto de la suba de los combustibles y la energía, que podrían derivar en una nueva ola inflacionaria.
En diciembre, el rubro Alimentos y Bebidas no Alcohólicas del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Indec llegó al 29,7% y volvió a ser el de mayor incidencia en el promedio general, con aumentos destacados en carnes y panificados.
Aunque no fue la división más inflacionaria del mes, ese casi 30% aportó lo suyo para consagrar al precio de los alimentos como el que más aumentó en todo el año, acumulando desde diciembre de 2022 un 252,9% en los comercios de Capital Federal y el Gran Buenos Aires.
Esta suba derivó en que los alimentos y bebidas sin alcohol se encarecieron en relación con otros bienes y servicios de la economía local.
Según el Monitor de Precios Relativos del economista Nadín Argañaraz, para comprar los mismos alimentos y bebidas que compraba en diciembre de 2017, un consumidor promedio requiere hoy de un 22,5% más de otros bienes y servicios.
Como consecuencia de la escalada, se empieza a ver una retracción fuerte del consumo, que para el gobierno y algunos observadores afines, obligará a las empresas a bajar los precios en el corto plazo.
Para otros analistas, la caída de las ventas, que en algunas regiones del país llega al 22% respecto al mes pasado, no solo no redunda en una baja de los precios sino todo lo contrario.
Por lo pronto, para enero hay que contar con los aumentos de los combustibles y del transporte, que son costos de las fábricas de alimentos y bebidas, y, por lo tanto, irán a parar directo a los precios que se pagan en góndolas y mostradores, y que ya se pueden ver claramente en los informes privados que miden semanalmente el comportamiento de los valores al público.
En los comercios de barrio, almacenes y autoservicios, la percepción es que el IPC del Indec se quedó corto en lo que se refiere a la comida.
En el Centro de Almaceneros, Autoservicios y Comerciantes Minoristas de Córdoba la inflación del rubro fue del 37,1%, muy lejos del 29,7% que midió el organismo estadístico.
El informe atribuyó las causas a la devaluación del gobierno de Javier Milei, pero denunció una importante dispersión de precios que asoció a la especulación de las empresas, que en los gobiernos anteriores hacían valer sus espaldas, pero que hoy actúan en función de la libertad absoluta que les otorga la nueva administración.
Los supermercados de la colectividad china señalaron el mismo problema y reclamaron algún tipo de intervención oficial para asegurar precios, si no más bajos, al menos “homogéneos”.
En respuesta a la dispersión, esta semana dos grandes cadenas de supermercados, como Carrefour y Coto, exhibieron góndolas vacías y culparon a las fábricas por los constantes aumentos.
Apurada por el mismo impacto en las ventas, una de las cámaras supermercadistas lanzó su propia lista de precios con descuentos, en acuerdo con proveedores y sin participación del Estado.
La cuestión no preocupa solo a los que miran al gobierno desde la vereda de enfrente. En la revista Novedades Económicas, de la Fundación Mediterránea, el analista Jorge Vasconcelos advirtió que además de la suerte que corran el DNU 70 y el proyecto de Ley Ómnibus, “también debe monitorearse el ritmo al que pueda moderarse la inflación de aquí a abril, ya que esta variable es clave tanto en términos de competitividad de exportaciones como de ‘la calle’, es decir, el grado de conflictividad social que pueda experimentarse”.
Para la consultora LCG, la chance de que la inflación baje dependerá de que Milei “logre anclar expectativas” con sus decisiones. “Sin políticas de corte heterodoxo (controles de precios, acuerdos de precios y salarios) que lo complementen, la escalada inflacionaria podría demorar o dejar sin efecto todo el programa”, advirtió la consultora.«
Un análisis de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) conocido ayer advierte sobre las consecuencias que tendrá en los haberes de jubilados y pensionados la aprobación del artículo 106 del proyecto de Ley Ómnibus.
Ese artículo suspende la movilidad de ajustes trimestrales y atribuye al Poder Ejecutivo la potestad de fijar esas actualizaciones, aunque sin definir un parámetro para hacerlo.
La OPC plantea cuatro escenarios posibles. En el primero, si no hubiese ningún aumento durante el año, “los haberes sufrirían un deterioro de 69,9% en su poder de compra y las prestaciones previsionales pasarían del 6 al 4,5% del PBI. La mitad de los beneficiarios resultarían indigentes y un 33% de ellos serían pobres”.
En el segundo escenario, si sólo hubiese ajuste para los ingresos más bajos, la pérdida para quienes perciben tres o más haberes mínimos sería del 69,9%. Anses tendría un superávit de 1,2% del PBI y las prestaciones previsionales representarían 5% del PBI.
Si se incrementaran en la misma proporción todos los haberes según la evolución de los fondos de Anses, la pérdida común sería del 19%. “Si esta estrategia incluyera una prioridad a los de menores ingresos, la pérdida del resto subiría al 40%”, dice la OPC.
Por último, si todos los haberes se incrementaran según la inflación, “no habría pérdida del poder adquisitivo y el déficit de Anses subiría a 0,8% del PBI”. «
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