Precios y salarios en pugna

La visita del presidente del gobierno de España, Mariano Rajoy, tuvo una amplísima difusión en los medios argentinos, aunque para la prensa española pasó casi desapercibida. Quizá por ello el presidente argentino decidió darle un broche de oro: acaba de conceder exenciones impositivas y grandes beneficios a los proyectos de Participación Público Privada (PPP), el principal interés de los «potenciales» inversores españoles.

La visita revivió todo el protocolo ideológico de los noventa. Macri se refirió a la relación de la Argentina con España con una metáfora: «Es como dos amantes cuando se reencuentran». Rajoy, por su parte, comentó: «hemos visto valientes reformas en la Argentina», y reflexionó que «en muy poco tiempo ha generado un clima de negocios propicio para crecer y para atraer inversiones». Estas expresiones recuerdan a las recibidas por Carlos Menem de parte del FMI, al mencionar que el entonces presidente argentino tuvo el valor de hacer las reformas que los mercados le pedían.

Por su parte, Mauricio Macri comentó a los empresarios españoles que «vamos en la dirección correcta» y que «hay que tratar de encontrar soluciones y dejar de buscar culpables a las cosas que nos han pasado». No se estaba refiriendo a la insistencia de Cambiemos por achacar a la «pesada herencia» los efectos negativos de las políticas del macrismo. Quizá el presidente se refería, implícitamente, a las pésimas gestiones de Aerolíneas e YPF a manos de capitales españoles en los noventa, así como a otras muchas privatizaciones. Lo mejor, colocar un manto de olvido.

Pero los inversores quieren cambios concretos que los beneficien. El presidente de la Cámara Española de Comercio de Argentina, Guillermo Ambrogi, se preocupó porque «la inflación ronda el 25% que a su vez está vinculado con el déficit fiscal». También relevó otros problemas: «Argentina aún está considerado como país fronterizo, estamos esperando para que pase a país emergente» y mencionó que están también a la espera «del acuerdo UE-Mercosur, que puede implicar una gran explosión con un nuevo mercado». Su conclusión fue demoledora: «el problema es que se esperaba de una manera un poco ingenua una lluvia de inversiones», y si bien «viene mucho dinero (…) esto no va a ser como en los 90, cuando entraron U$S 50 mil millones en ocho años».

Preguntado Ambrogi por la polémica acerca de que los propios ministros argentinos tienen su dinero fuera del país, respondió: «el inversor internacional llega cuando el proyecto es redituable y seguro, sería interesante que los ministros trajeran su dinero pero eso no es determinante para decidir una inversión de una multinacional. Es mucho más importante la seguridad jurídica y la tasa de retorno». Importante definición que indica cuáles son las «zanahorias» que necesita la inversión externa para evaluar su radicación en el país.

El mensaje no pasó desapercibido en el gobierno argentino, y la primera respuesta fue el decreto 300/18 del pasado viernes 13. Por esta vía se concede una exención al IVA, beneficios en la tributación de ganancias y otras ventajas para los proyectos PPP. Por decreto 299/18 se concede la prórroga de jurisdicción a favor de tribunales arbitrales extranjeros al Contrato PPP a suscribir entre la Dirección Nacional de Vialidad y los inversores privados. Servido en bandeja.

Cada vez son más las preocupaciones por los efectos de los proyectos PPP. Se conoce que en varios países en los que han sido implementados (Chile, Colombia, entre otros) han elevado los precios de las obras. También arrecian las preocupaciones por los riesgos que asume el Estado: en su editorial del 11.04.18, La Nación expresó: «Los riesgos serán mitigados totalmente por el Estado, incluidos los de construcción, demanda, conversión de moneda, tipo de cambio, riesgo país, riesgo político y otros. Se trata de inversión pública y no de riesgo privado». Queda claro: se vuelven a recrear, potenciados, los mecanismos noventistas que beneficiaron a los inversores privados externos a costa de la asunción de grandes riesgos y elevados costos por parte del Estado nacional.

Es el salario…

El reciente índice de precios minoristas nacional del Indec arrojó un aumento de 2,3% en marzo, que conjuntamente con un crecimiento superior de la inflación núcleo (2,6%) dan indicios de la elevadísima imposibilidad de cumplir con la meta del 15 por ciento.

Los aumentos seguirán y, de esa forma, la reducción de los aumentos de precios se complica. El dato de una inflación núcleo mayor a la inflación general indica que los aumentos tarifarios (y también el de los combustibles) acrecientan los costos de producción y se terminan trasladando, con uno o dos meses de retraso, a la mayoría de los precios de la economía. Un dilema que parece irresoluble pero que, si se presta atención a los discursos de los funcionarios, permite observar el verdadero plan económico.

Marcelo Bonelli (Clarín, 13.04.18) relata la decisión «secreta» del Ejecutivo de usar una meta más realista y especifica que «la nueva pauta que maneja el equipo económico tiene un piso inflacionario del 18% y un techo del 20 por ciento». Y además adelanta que en abril rondaría el 2,4 por ciento. Pero hacia afuera se intenta seguir manteniendo la pauta del 15 por ciento. El ministro Triaca lo acaba de confirmar: los salarios empatarán a la inflación este año, ya que desde su perspectiva aún es «factible» la meta del 15 por c iento. El ministro Nicolás Dujovne también confirmó la meta e incluyó dentro de los factores inflacionarios de estos meses a las paritarias.

El mantenimiento de la irreal meta, ¿es un error, un capricho, o un exceso de confianza del gobierno? Ninguno de ellos. Para el macrismo, el verdadero problema no es que el índice de precios supere la meta, sino que los salarios igualen o estén por encima de los aumentos de precios. Necesitan que las paritarias se sigan cerrando por debajo de la inflación, no importa si esta termina en el 15, el 20 o el 23 por ciento. De hecho, esa «secreta» decisión de manejarse con aumentos de entre el 18% al 20% para todo el año parece un artilugio más para bajar salarios, ya que las últimas estimaciones de la inflación (pronósticos que han venido demostrando que suelen ser más bajos que lo que luego se verifica en la realidad) se ubican en el 23 por ciento.

Esta baja del valor real del salario es esencial para los planes del gobierno, para «aumentar la competitividad» de las empresas, en especial las grandes. Macri sostuvo que «el ejemplo de España es muy bueno, estamos siguiendo el mismo rumbo». Pero España es un país donde siete de cada diez puestos de trabajo que se crean son precarios y de menos de 30 días de duración. España es un país que, cuando crece, lo logra sobre la base de la flexibilidad laboral, es decir, a costa de la gente. 

En resumen, el dilema es si se desea crear un país «competitivo» a costa de afectar el nivel de ingresos de la inmensa mayoría de los ciudadanos del país, o si se trabaja por un país que busque alianzas económicas convenientes, una integración internacional y regional razonable, protección de la producción local y defensa del poder adquisitivo de la gente, para lograr así un modelo de crecimiento más inclusivo. Esta es la verdadera pugna: prevalecen las ganancias de los grupos concentrados, o los intereses de la gran mayoría de la población. «