El texto lleva la firma del relator uruguayo Edison Lanza, quien por intermediación del CELS se entrevistó con las autoridades de la cooperativa en octubre pasado, y da cuenta de la inquietud del organismo de Derechos Humanos que solicitó información al gobierno. «Al cierre de este informe, seis meses después de ocurridos los hechos, las investigaciones no han avanzado. De acuerdo con una comunicación del Estado la causa se encontraría bajo conocimiento de la Corte Suprema de Justicia que debería dirimir la contienda de competencia entre dos Juzgados Federales. La Relatoría Especial no ha recibido información sobre las investigaciones disciplinarias que se hayan avanzado por las denuncias de irregularidades en la actuación policial en los hechos».
Por último, la CIDH hace un párrafo para recordar al Estado su «obligación de prevenir, de proteger, de investigar, juzgar y sancionar penalmente a los responsables de estos crímenes» que atentan contra el «derecho a la vida, a la integridad personal y a la libertad de expresión». «
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