Preocupa el avance sobre las libertades civiles por el operativo de seguridad del G20

El gobierno diseña el virtual sitio de la Ciudad de Buenos Aires durante los días previos a la realización de la cumbre del G20. Tan complejos son los requerimientos de la seguridad de distintos jefes de Estado, que la capital posiblemente tenga una veintena de «zonas vedadas» entre el microcentro y el norte porteño, con un esquema de tres anillos de seguridad controlados por el Comando Unificado de la cumbre, que fue estrenado en diciembre pasado, durante la 11° Conferencia Interministerial de la Organización Mundial del Comercio. Parte de su virulencia fue experimentada durante las movilizaciones frente al Congreso durante el accidentado tratamiento del proyecto oficial de reforma previsional.

El esquema de cortes y restricciones de la cumbre será anunciado el martes por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich y su par de Transporte, Guillermo Dietrich, que protagonizan duros tironeos sobre el alcance de las medidas. «Guillo no quería hacer cortes de calles ni suspender los subtes y ella insiste con que hay que cortar todo», confió a Tiempo un funcionario de la Casa Rosada. Por esa razón, interpretó la fuente consultada, la ministra lanzó la frase: «Recomendamos a los porteños que se vayan de la Ciudad».

Detrás de esa interna, el gobierno prepara la instalación de un operativo de seguridad que tendrá 15 mil efectivos de fuerzas federales, bajo un comando conducido por Bullrich, e integrado por los jefes policiales bajo su mando, el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Bari del Valle Sosa, los titulares de cada arma, miembros del Ministerio de Defensa, y también de la Agencia Federal de Inteligencia, cuestionada por organismos de Derechos Humanos tras la adquisición de equipamiento de intercepción de comunicaciones.

A ese pelotón de efectivos, se suma la presencia de una cifra no precisada de miembros de fuerzas de seguridad extranjeras, que ya están en el país desde hace meses. En Balcarce 50 estiman que solamente Estados Unidos, Rusia y China cuentan con unos mil hombres en sus respectivas delegaciones. «No es fácil saber el número, porque no quieren revelar la cifra total, como también cuesta que declaren el armamento que traen, todo está cruzado por mucho secretismo», redondeó la fuente consultada.

El hormigueo de custodios internacionales estará acompañado por la llegada de aviones de cada país participante y un portaaviones de la Marina de los EE.UU. que se estacionará en aguas uruguayas. El blindaje será una versión actualizada de la custodia de la IV Cumbre de las Américas, realizada en Mar del Plata en noviembre de 2005. Solamente el recorrido porteño del presidente norteamericano Donald Trump sitiará la Ciudad. Fuentes oficiales confiaron que «hasta ahora» Estados Unidos se reservó el Hotel Sheraton, ubicado en Retiro, y el Intercontinental, a pocas cuadras de Plaza de Mayo. La estadía del magnate inquilino de la Casa Blanca estaría repartida entre ambos hoteles y el Palacio Bosch, la residencia del embajador Edward Prado en los bosques de Palermo.

«Todo puede cambiar, pero el tema de los hoteles para los presidentes implica un anillo de custodia para cada uno, y eso pasará en el Alvear y también en Puerto Madero, tanto por el Hilton como por el Faena», anticipó la fuente.

Otro caso particular sucede en torno a la gala de presidentes en el Teatro Colón, prevista para la noche del 30. Implicará la suspensión de subterráneos y del metrobús de la Avenida 9 de Julio, e incluso de un casamiento agendado para esa velada en la singagoga de la Congregación Israelita Argentina en Tribunales, a dos cuadras del Colón. El Templo Libertad no podría funcionar en esa fecha. El tironeo tiene una perlita íntima para el Ejecutivo, porque la ceremonia estará a cargo del rabino y secretario de Ambiente, Sergio Bergman, que estaría moviendo sus fichas para hacerlo igual.

Todo el diseño del operativo ocurre en el máximo secretismo, y con la decisión manifiesta de no aportar información  respecto a la intromisión sobre las libertades civiles, y al respeto de los derechos constitucionales ante posibles detenciones.  Es el caso del pedido de acceso a la información pública que presentó el Centro de Estudios Legales y Sociales para conocer las caractertísticas del operativo. «Además del detalle de fuerzas involucradas,  cadena de mandos que iban intervenir y zonas restringidas, hubo una pregunta puntual sobre qué harían en caso de detenciones, qué fuerzas intervendrían y donde iban a estar, pero no contestaron nada», confió a Tiempo, Paula Litvachky, directora del área de Justicia y Seguridad del Cels.

Tampoco hubo respuestas sobre otra práctica que podría repetirse: «Hace un año presentamos un pedido de habeas data para que Seguridad y la AFI explicaran qué información utilizaron para negarle el ingreso al país  a representantes de distintas ONG internacionales», que habían venido para la cumbre de la OMC, explicó Litvachky. «Desde entonces, tanto la Cancilleria como la AFI nos vienen diciendo que es información secreta», contó la abogada, que judicializó el pedido y cuenta con un fallo favorable de la Cámara de Apelaciones del fuero contencioso federal, aunque el caso ya está en manos de la Corte.

Para el Cels la puesta en escena del G20 «es una excusa para justificar la violencia estatal», porque «el gobierno comenzó a sobredimensionar hechos con el fin de construir enemigos internos (ver página 8). También advirtió que «el Ejecutivo está utilizando la excusa del G20 para correr el límite que separa la inteligencia legal del espionaje ilegal». «