Preocupa la seguidilla de episodios de abuso policial en las calles

«Volvieron las mejores épocas», resumía uno de los dos suboficiales de la Federal que, sin identificarse, mantenían con las piernas separadas y contra la pared a una veintena de trabajadores a los que les exigían documentos. La secuencia quedó registrada por un vecino a fines de enero en una esquina de Flores, a pocos metros de las vías del Sarmiento, pero bien podría haber ocurrido en cualquier parque, transporte público o calle de la Argentina, porque al parecer, las diferentes fuerzas nacionales, provinciales y locales vienen esgrimiendo una peligrosa tendencia a advertir como sospechoso a cualquier ciudadano hasta que este pueda demostrar lo contrario.

Podrían mencionarse otros episodios, como el ocurrido a principios de marzo en las inmediaciones del Colegio Sagrado Corazón de Jesús, de Quilmes, donde un patrullero le cruzó el paso a un grupo de estudiantes que celebraban «el último primer día de clases». Sus padres filmaron la requisa que llevaron adelante dos mujeres de la Bonaerense.

Esta semana ocurrió una situación similar en el Ferrocarril Mitre, donde dos policías de la Federal pretendían obligar a descender a un hombre en la estación Carranza, con el agravante de que la persecución fue política: el pasajero tenía un afiche en el que se declaraba en contra de las políticas del gobierno nacional. Lorena Lillo, quien registró todo con su celular, fue amenazada e insultada por los agentes.

La escena más angustiante de esta semana, quizá, fue la protagonizada por Constanza Santos en el centro comercial de San Isidro, cuando se disponía a amantar a su bebé en la plazoleta del mástil, en el cruce de 9 de Julio, Belgrano y Acassuso. Dos uniformadas de la Comisaría 1º le indicaron que no podía darle el pecho a la criatura, le pidieron sus documentos y la amenazaron con llevarla detenida por resistencia a la autoridad.

Alarma de los organismos

La Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional nació a fines de los ’80 para analizar y denunciar posibles casos de gatillo fácil y de abuso policial. «El eje central de nuestro trabajo son las detenciones arbitrarias. Más de la mitad de los presos muertos en comisarías fue retenido de manera ilegal», explicó a Tiempo la abogada María del Carmen Verdú, integrante y referente de Correpi. Para Verdú, «este tipo de herramientas represivas son una constante a lo largo de los años, pero se profundizan en situaciones de conflicto y crisis sociales, cuando el disciplinamiento de las mayorías aumenta».

Hasta el año pasado, la Correpi recibía unas dos o tres consultas por semana referidas a este tipo de abusos. «Ahora –precisó Verdú– tenemos tres o cuatro denuncias diarias. Tuvimos que redistribuir las funciones dentro de la organización para atender todos estos reclamos, que se incrementaron de manera exponencial.»

En esa misma línea, el coordinador del equipo de Seguridad Democrática y Violencia Institucional del CELS, Manuel Tufró, subrayó: «Estamos monitoreando el tema pero no contamos con datos oficiales. Sí advertimos un cambio cualitativo de las intervenciones policiales en los espacios públicos bajo la supuesta prevención de delitos. Es un mensaje fuerte hacia los pobres, sobre todo.» Para Tufró, puede ser contraproducente «mandar a la calle a la policía a ver qué encuentra. Es irracional, un dispendio de recursos que generará graves problemas, porque es la puerta de entrada a la extorsión policial.»

De acuerdo a las estadísticas del CELS, del total de personas «levantadas» en la calle por averiguación de antecedentes en la última década, sólo entre el 1 y el 3% tenían alguna razón para ser detenidos.

Tanto el CELS como la Correpi coinciden en señalar que la Argentina se aleja cada vez más de los estándares internacionales en materia de Derechos Humanos, al tiempo que aseguran que la política y la justicia local avalan este accionar de las fuerzas de seguridad. Un reciente fallo del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad porteño defendió que la policía pueda solicitar documentos sin justificación. 

Fiscales apretados en La Plata

El 30 de junio pasado, La Plata fue el escenario de un preocupante episodio que tuvo como involuntario protagonista al fiscal Miguel Palazzani, titular la Procuración Institucional contra la Violencia (Procuvin). Sin saber quién era, un grupo de 20 policías bonaerenses de la Comisaría 4ª intentó apretarlo a él, a su colega José Nebbia y a Roberto Cipriano García, director del Comité contra la Tortura de la Comisión Provincial de la Memoria, quienes habían decidido intervenir en un operativo ilegal que los uniformados realizaban en un colectivo, revolviendo bolsos, mochilas y otras pertenencias de los pasajeros.

Los funcionarios, que regresaban de una inspección en el penal de Olmos, vieron dos colectivos de la línea Oeste 188, detenidos en 44 y 21, de los que habían hecho descender a los pasajeros, entre ellos varios niños. Todos eran palpados y sus bolsos, revisados por los policías. Cuando inquirieron al responsable del operativo por el motivo de la requisa, un teniente de apellido Miranda les dijo que una pasajera había denunciado el robo de su celular. Palazzani preguntó si tenían orden judicial, y le dijeron que no. En ese momento, dos policías (un hombre y una mujer) intentaron intimidar a Palazzani, postura que sostuvieron hasta que su superior les explicó quién era. La Procuvin y el Comité contra la Tortura presentaron una denuncia por estos hechos ante la justicia platense.

En Mendoza ya tienen «defensor»

El gobernador mendocino Alfredo Cornejo lo había prometido en diciembre, al asumir, diciendo que «hay toda una estructura para acusar al policía, pero no para defenderlo». Meses después, quedó oficializada en esa provincia la figura del «defensor del policía». Entre sus fundamentos, la ley que la creó explica que tiene por objeto generar «un sistema de contención para el personal policial que, en ejercicio legítimo de sus funciones, es objeto de procesos de tipo penal».

La norma, en línea con un peligroso avance sobre las políticas de Derechos Humanos, dispone que los policías sean defendidos gratuitamente por un abogado provisto por el Estado «en aquellas causas judiciales en materia criminal, correccional o de faltas, que deriven de actos de servicio, llevados a cabo en cumplimiento de los deberes».