Lxs trabajadorxs están realizando una medida de fuerza para visibilizar los despidos y la falta de respuesta por parte del Estado.
El programa, en particular la Línea 137 son parte del Ministerio de Justicia de la Nación. Desde diciembre a abril despidieron a 20 trabajadores y trabajadores de los cuales sólo reincorporaron a uno.
“Nuestro trabajo es asistir, contener y acompañar a víctimas de violencia familiar, sexual y grooming las 24 horas los 365 días del año. Atendemos niñas, niños, adolescentes, personas de todas las edades, familias. Al igual que en muchas otras áreas del Estado, estamos sufriendo los despidos de muchas trabajadoras y trabajadores con años de experiencia y especialización. Su ausencia nos afecta no solo porque son nuestros compañeros, sino también porque perjudica nuestra capacidad para continuar sosteniendo la atención de la Línea. Por eso nos organizamos y pedimos su reincorporación y el cese de los despidos”, expresó el comunicado que difundieron las y los trabajadores.
Desde abril, cuando se produjeron los despidos masivos en el Estado, las y los trabajadores mantienen medidas de fuerza. Ahora están haciendo una retención parcial de tareas desde el programa y en particular en el call center y los equipos móviles que desarrollan su actividad en la Ciudad de Buenos Aires. Piden la reincorporación de lxs 19 despedidxs.
La línea es gratuita, federal y atienden las 24 horas los 365 días del año. , es la recepción de consultas y la asistencia, contención y acompañamiento a víctimas de violencia familiar, sexual y grooming, que pueden ser niñas, niños, adolescentes, familias, y personas de todas las edades. Además, un equipo de abogadas y abogados se encarga de atender, de forma personalizada, cuestiones vinculadas a problemas legales y asegurar el acceso a los derechos a través de la red de Centros de Acceso a la Justicia.
Laura Boggon es trabajadora de la Línea 137 y delegada de ATE (Asociación de Trabajadores del Estado). Cuenta que todos los despidos se realizaron con “crueldad”, y que no hubo aviso ni ningún tipo de comunicación previa para esos trabajadores. “Las que no fueron renovadas o no entraban en la prórroga del contrato de artículo se enteraron por un listado que circuló el jueves 28 de marzo, feriado. Así supieron que estaban siendo desvinculados profesionales de 15 años de antigüedad en el programa y en la administración pública”, dice Boggon a Tiempo Argentino. Otros trabajadores y trabajadoras se enteraron recién el 3 de abril cuando llegaron al edificio y tenían inhabilitado el usuario para desarrollar su tarea.
No hay hasta ahora respuestas ante las inquietudes que surgen ante un panorama en el cual, el mismo presidente anunció una cifra altísima de despidos para este año. “Hemos tenido reuniones tanto con la subsecretaria de Acceso a la Justicia (Candelaria Montenegro) y tanto ella como los asesores y secretarios de justicia no dan explicaciones. Manifiestan estar sorprendidos porque no sabían la magnitud de los despidos o la modalidad de estos despidos. Lejos de poder dar una respuesta, plantearon que estaban desconcertados o sorprendidos, lo que es más preocupante. No hay un interlocutor para negociar o hablar de la situación con una respuesta concreta”, agregó Boggon.
Desde su creación hasta noviembre del año pasado, el programa atendió 236.679 llamados, 288.085 víctimas de violencia familiar y sexual, y 10.358 consultas por acceso a derechos. “Se trabaja y con mucha responsabilidad. Es poner el cuerpo de una forma muy comprometida y no, no nos da lo mismo no hacerlo. Tenemos también una perspectiva de género desde la cual trabajamos, sabemos que no estar en las calles o no estar atendiendo los teléfonos tiene sus consecuencias para las personas que necesitan que el Estado esté ahí presente”, enfatiza la trabajadora y delegada.
“A nosotros nos ingresan llamados desde comisarías, hospitales, escuelas, desde las personas mismas que buscan asesoramiento y se encuentran en una situación de emergencia y por eso nos llaman. La verdad es que cuesta mucho sostener esas medidas de retención de tareas cuando sabemos que el otro lado pasa todas estas cosas”, agrega. Actualmente, todas y todos tienen contrato hasta julio y no saben qué pasará con ellos. “Hoy dudamos en la posibilidad continúe o que continúe como se hizo desde su creación: con equipos en calle, con atención telefónica 24 horas los 365 días del año, con áreas que apoyan ese trabajo de emergencias y urgencias. Hay todo un entramado detrás de quienes estamos ahí que hacen que esto sea posible”, expresó.
Desde esta semana las y los trabajadores se encuentran realizando una medida de fuerza para visibilizar la situación.
El programa, creado en 2006 sufrió sus primeros recortes durante el gobierno de Mauricio Macri. En los últimos años, reclamaban la necesidad de incorporar más trabajadoras y trabajadores y aun así sufrieron más recortes.
La falta de planificación con relación a la Línea 137 resulta un nuevo ataque del gobierno de Javier Milei a las políticas que se ocupan de trabajar con violencia de género y desigualdad. “Eso está más que claro, desde lo discursivo y desde los actos concretos. Hay toda una cuestión de cercenar derechos que van directamente al sector más vulnerabilizado y eso se torna muy evidente. Es lo que nos preocupa porque son temáticas que costó un montón que puedan crearse políticas públicas en post de modificar esas situaciones, de reparar derechos vulnerados. Cuando ya teníamos un camino más o menos seguro que venga semejante embestida es muy preocupante”, expresó Boggon.
El trabajo, afirma Boggon es articulado con el Poder Judicial en casos de delitos contra la integridad sexual en la Ciudad de Buenos Aires. “En general, se ponen en contacto con la Línea, solicitan intervención del equipo ya sea en un hospital o comisaría para acompañar a quien haya sido victimizada en ese proceso. Luego hay una entrevista y esa entrevista se adjunta a un expediente. En muchos casos, somos convocadas a dar la declaración testimonial en juicios. Con esto digo que tenemos un trabajo mancomunado con el Poder Judicial y por lo tanto el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Justicia es importante”, detalló.
En las provincias la situación no es diferente. “Incluso en los Centros de Accesos de la Justicia que sufrieron 200 despidos. Algunos están distribuidos a lo largo de todo el país, en zonas recónditas donde quizá no hay otra ventana estatal que esté presente. Ahí se reúnen desde diferentes sectores o áreas que puede tomar contacto quienes necesiten algún tipo asesoramiento y acompañamiento en lo que implica a acceso a derechos. También eso está peligrando”, finalizó Boggon.
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