Lo que está ocurriendo en Argentina no es simplemente un proceso judicial. Es una operación de disciplinamiento, de eliminación política, de aniquilación simbólica. La Corte Suprema de Justicia se prepara para confirmar la condena a Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad. No porque haya pruebas fehacientes, sino porque hay una decisión tomada desde las entrañas del poder real: la quieren fuera del escenario nacional. Y si es posible, presa o muerta.
Sí: presa o muerta. Porque antes de esta ofensiva judicial, hubo un intento de asesinato. Un intento directo, público, en la puerta de su casa, a plena vista de todos. Y lo que siguió fue aún más aterrador: el encubrimiento sistemático del atentado por parte del propio Poder Judicial.
No se investigó a los financistas. No se siguieron los vínculos políticos. No se abrieron los celulares clave. No se llamó a declarar a quienes habían amenazado públicamente. No hubo voluntad de verdad ni de justicia. Porque detrás del gatillo estaba el odio organizado, y detrás del odio, el poder.
Ese mismo poder que hoy quiere consumar, por vía judicial, lo que no logró por vía armada. Lo intentaron con una pistola. Lo intentan ahora con una condena. Pero el objetivo es el mismo: borrar de la vida política a quien representa un proyecto de país basado en la dignidad, el trabajo y la soberanía.
El Partido Judicial —esa casta togada que se autoprotege, se autoperdona y responde a los intereses de las corporaciones— no actúa solo. Lo hace en tándem con una maquinaria mediática y financiera que lleva años operando para deslegitimar, demonizar y finalmente proscribir a Cristina.
Y lo hace con instrumentos institucionales creados a medida del lawfare. La UFER (Unidad Fiscal para la Investigación de la Corrupción) es hoy una herramienta al servicio de este entramado. No investiga la corrupción real. Persigue selectivamente a dirigentes populares, mientras garantiza impunidad para los amigos del poder económico.
La Corte Suprema funciona como el comité disciplinador del bloque dominante. Rosatti, Rosenkrantz y Lorenzetti no son jueces imparciales: son actores políticos que intervienen directamente en el juego del poder para garantizar que las urnas no desestabilicen los privilegios.
A Cristina la condenan por lo que hizo, pero más aún por lo que impidió que se hiciera. Por frenar a los buitres. Por nacionalizar las AFJP. Por redistribuir la renta. Por demostrar que otro país era posible.
Y no están solos. La operación cuenta con la complicidad activa de sectores del poder político —incluso dentro del peronismo— que prefieren acomodarse al régimen antes que enfrentarlo. Callan ante la proscripción, especulan con su lugar en la mesa, se vuelven funcionales al odio que dicen repudiar.
Pero la historia es clara: la proscripción no destruye ideas, solo desnuda temores. No le temen a Cristina: le temen al pueblo que la sigue eligiendo, le temen a la política que devuelve derechos, le temen a un país que no acepta ser colonia.
Por eso decimos que estamos en estado de alerta y movilización. Porque no se trata solo de una causa judicial: se trata del intento de borrar un proyecto político del mapa democrático. Y con él, borrar los sueños de millones.
Frente al intento de proscripción, frente al encubrimiento del atentado, frente a la impunidad de los verdaderos responsables, no hay lugar para la resignación. Solo hay una respuesta posible: unidad, lucha y movilización.
Porque defender a Cristina es defender la democracia, la verdad, el derecho a elegir, la memoria y el futuro.
Porque no hay justicia sin verdad.
Porque no hay democracia con proscripción.
Porque no hay Patria si se persigue a quien la defiende.
