Prescribió una causa por intoxicación masiva en el Hospital Gutiérrez y apuntan a la “desidia” del fiscal

Una causa por intoxicación masiva de pacientes, entre ellos 13 bebés, en el hospital de niños Ricardo Gutiérrez, prescribió por “la desidia” en la que – según la Cámara del Crimen – incurrió la fiscalía que debía procurar esclarecer qué había ocurrido.

Un durísimo fallo firmado por los jueces Magdalena Laíño y Marcelo Lucini, explicó que “no se trata de una causa excesivamente voluminosa ni complicada que justifiquen poco menos de siete años de trámite y que, encima, aún transite la etapa de instrucción. De una simple lectura del sumario se aprecia, con claridad, la desidia en el descubrimiento de la verdad y en el deslinde de responsabilidad en el hecho que provocó intoxicación por inhalación de monóxido de carbono de varios recién nacidos”.

Los hechos ocurrieron “entre la noche del 21 de septiembre de 2013 y la madrugada del día siguiente, cuarenta y cuatro personas -entre ellos trece recién nacidos – que estaban en el sector de neonatología y la sala de espera del Hospital Gutiérrez resultaron intoxicadas por inhalación de monóxido de carbono, lo que provocó una afección de carácter leve en su salud”.

“Se comprobó que ello se produjo porque dos termotanques poseían sus sistemas de ventilación instalados de manera antirreglamentaria -sus conductos presentaban curvas y uno de ellos un “sombrerete” en forma de H- lo que facilitó la formación de un nido de pájaros que obstruyó la evacuación de gases”.

Pudo haber sido una tragedia, pero de milagro no lo fue. El delito a investigar tenía una pena máxima de dos años de prisión, que transcurrieron largamente.

La Cámara responsabilizó por la prescripción por el paso del tiempo al fiscal de la causa, Ariel Yapur: “La mayoría de los elementos de cargo fueron incorporados al inicio del expediente (declaraciones de testigos, informes médicos, peritajes, legajos de la empresa y personales, etcétera), lo que demuestra dilaciones indebidas que excedieron lo razonable, máxime cuando no se evidencia complejidad que justifique la demora”.

“No se vislumbra dato objetivo alguno que permita suponer alguna actividad de parte de (los imputados) tendiente a menoscabar la pesquisa o dirigirla en algún sentido más beneficioso, más aún si se tiene en cuenta que se inició coetáneamente con el lamentable incidente, pero recién casi tres años después, el 31 de mayo de 2016, se formalizó la primera imputación”.

En efecto, según el fallo, “el fiscal instructor tardó tres años en concretar una imputación al solicitar se convoque a declaración indagatoria. El titular de la acción pública demoraba tres, cuatro y hasta cinco meses, sin ningún tipo de justificativo, para realizar un simple despacho, disponer una medida o concretar un dictamen lo que, evidentemente, atentó de manera grave contra la celeridad procesal, el normal desarrollo de la causa y los derechos de defensa en juicio y debido proceso”.

Los hechos ocurrieron cuando Mauricio Macri era jefe de Gobierno y Graciela Reybaud, su ministra de salud. La titular de la cartera sanitaria explicó en aquel momento que «se constató que un termotanque no estaba funcionando bien y que se contaminaron los conductos del aire acondicionado que llegaban a la terapia. (…) A simple vista no se veía nada que pudiera provocar el mal funcionamiento. Cuando se desarmaron los ductos del termotanque, encontraron bien adentro un nido de palomas».

“No son hechos aislados.  La decadencia se pronunció en los últimos años. Hay pequeños cromañones latentes en todos los hospitales”, denunció en aquella oportunidad Susana Toporosi, coordinadora de Salud Mental del Gutiérrez e integrante de la Asociación de Profesionales.

La causa se cerró sin que el Poder Judicial pudiera determinar responsabilidades penales.

“El exorbitante tiempo transcurrido desde el inicio de las actuaciones, no atribuible a la conducta de los justiciables sino principalmente a la pereza del Ministerio Público Fiscal en desarrollar su labor, transgredió la administración de justicia y las bases sobre las cuales se construye una decisión legítima”, resumió la Cámara.