Presentan proyecto de ley de seguridad laboral para choferes

La diputada Romina Del Plá, del bloque del Frente de Izquierda y el Partido Obrero, docente y oriunda de La Matanza donde se produjo el asesinato, presentó en el Congreso de la Nación un proyecto de ley que, basado en los reclamos de los choferes y sus asambleas, establece “la instalación obligatoria de cabinas de blindaje que protejan al chofer, y cámaras en cada colectivo; que se garantice personal de seguridad a cargo de las empresas en los recorridos nocturnos; que se garantice la luminaria adecuada de los recorridos en todo el país bajo responsabilidad de los gobiernos nacional y locales, y prohíbe taxativamente que los gastos de estas disposiciones sean trasladados a las tarifas que abonan los usuarios.”. 

La propia diputada denunció que ya en 2008 una resolución de la Secretaría de Transporte determino la instalación de dichas cabinas pero jamás fue cumplimentada por las empresas ni por el Estado. 

Consultada sobre los fundamentos que la llevaron a presentar esta ley la diputada del FIT sostuvo que “el masivo paro de los choferes expresa una bronca generalizada ante una situación insoportable con la que deben lidiar cotidianamente: su absoluta desprotección ante el avance de la descomposición social y la completa corrupción de las bandas policiales, un régimen que está entrelazado con el crimen desde lo más alto de sus instituciones y que ni Macri ni Vidal hacen nada por desmantelar.”.

Por eso, sostuvo, “el problema de fondo de la inseguridad requiere cambios profundos que impliquen un pueblo movilizado y organizado contra la raíz social de esta barbarie capitalista. Pero hay medidas elementales para proteger a los trabajadores del transporte público y para fortalecer su organización como colectivo obrero.”. 

Por ese motivo, aseguró “un aspecto clave de esta ley es que plantea para su cumplimiento y monitoreo la creación de un Comité de Control Obrero de la Seguridad Laboral (CCOSL) conformado por delegados choferes electos por sus compañeros y una representación de usuarios, con plenas facultades para que las patronales y los gobiernos, respondan ante ellos. La ley da un lugar fundamental a la participación activa de los trabajadores”. concluyó.