Presentan un amparo contra el Congreso para que la Defensoría de la niñez no quede acéfala

El 28 de febrero vence el mandato de la defensora de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (NNyA), Marisa Graham. Su reemplazo debería haberse elegido por concurso público a partir de la conformación de una comisión bicameral, pero el Senado nunca designó a sus integrantes. En poco más de un mes, el organismo que resguarda a las infancias quedará acéfalo. Para tratar de evitarlo, el colectivo Infancia en Deuda y otras organizaciones sociales presentaron un amparo contra el Congreso.

“La acefalía de la Defensoría implica que perderá su capacidad de continuar e iniciar nuevos juicios y de realizar acciones e intervenciones en defensa de los derechos de la infancia”, advirtió Infancia en Deuda, junto a Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), Equipo Latinoamericano de Justicia y Género Asociación Civil (ELA), la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM) y la Fundación Sur Argentina, en conjunto con Poder Ciudadano y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

Mediante un comunicado, resaltaron que “el amparo y su medida cautelar tienen por objeto asegurar el funcionamiento de la Defensoría de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes como institución fundamental para la promoción y protección de sus derechos”.

La presentación judicial apunta en dos sentidos: por un lado, que el Senado nombre a las y los integrantes que faltan para constituir la Comisión Bicameral encargada de la celebración del concurso público para cubrir el cargo de Defensor o Defensora. Para que se designe a las nuevas autoridades lo antes posible. Por otro lado, se pide que mientras tanto se garantice el normal funcionamiento de la Defensoría, “a fin de evitar daños irreparables a las niñas y los niños. Por eso, el escrito demanda cautelarmente la designación de una (o más) personas idónea/s para ejercer las funciones de la Defensoría de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes desde el cese del mandato de la Defensora y hasta que se nombre una nueva autoridad conforme a la ley vigente”.

Más de 2500 requerimientos

La creación de la figura del defensor/a de los derechos de infancias y adolescencias se concretó con la sanción de la Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes promulgada en 2005. Su rol es velar por la protección y promoción de sus derechos consagrados en la Constitución Nacional, la Convención sobre los Derechos del Niño y las leyes nacionales.

La Defensoría funciona de manera independiente, autónoma, autárquica y federal para garantizar y monitorear que no se vulneren los derechos de NNyA. Actúa mediante la interposición de reclamos judiciales y/o administrativos, la supervisión y el sometimiento a auditoría de todo el Sistema de Protección Integral de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y la recepción de reclamos.

Su puesta en funcionamiento tomó casi 15 años: se logró recién en 2020. En 2025, a dos décadas de la sanción de la ley, el organismo corre peligro. Más aún, bajo un Gobierno Nacional que se vanagloria de achicar el Estado.

Desde su puesta en funcionamiento, la Defensoría procesó 2.559 requerimientos de NNyA que derivaron en 310 casos. Solo en el 2024 intervino en 463 actuaciones administrativas. Entre las causas judiciales iniciadas hay procesos colectivos que afectan a comunidades enteras de niños y niñas, como el reclamo por el acceso a becas escolares que puede impactar en más de 1,2 millones de adolescentes en situación de pobreza.

“Sería trágico”

“Es un organismo fundamental en el sistema de derechos, porque en todo lo que haga el Estado nacional no hay otro organismo de defensa de derechos específico para niñas, niños y adolescentes”, advertía a Tiempo a fines del año pasado Francisco Rodríguez, coordinador del programa Derechos Sociales de la Niñez de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), que integra el colectivo Infancia en Deuda, conformado justamente para impulsar el cumplimiento de la puesta en funcionamiento de esta Defensoría.

“Tenemos una preocupación muy grande, porque si el Congreso no nombra una bicameral tememos que quede sin funciones en la práctica. Hay dos ejemplos de esto: la Defensoría del Pueblo, que es un organismo vacío para la democracia, y la Defensoría del Público, que por resolución conjunta de las presidencias del Senado y Diputados se sombró a una interventora que llevó al cierre del organismo. Entendemos que fue ilegal. Ese escenario para la Defensoría sería trágico, en un contexto de 70% de NNyA bajo la línea de pobreza”, alertó Rodríguez.

“Cumple una funcionalidad institucional para la vida política excepcional y relevante, que hace al cumplimiento de los derechos de un grupo que en general es irrelevante para la política. Los recortes a la educación este año han sido brutales. Si uno se queda sin ese organismo, se queda sin la cabeza del sistema de protección”, diagnosticó el referente de ACIJ.

Una preocupación desde la ONU

Cuando Graham presentó en 2024 su informe ante el Comité por los Derechos del Niño de la ONU (que tuvo una conclusión lapidaria sobre las políticas del actual gobierno en materia de infancias), varios de sus miembros le manifestaron preocupación por la continuidad de la Defensoría. Preguntaron a ella y al defensor adjunto -Facundo Hernández- qué pasaría con el organismo, ante la no conformación de la comisión bicameral que debería convocar al concurso para la próxima gestión. Con el paso de los meses, esa preocupación se acrecentó.

“Durante todo el año estuvimos enviando notas, pidiendo reuniones, hablando con diputados y senadores y por diversas razones el Senado terminó sin nombrar a sus representantes para la comisión. Si el Poder Ejecutivo no incluye el concurso y eventual nombramiento, el Congreso no puede tratarlo”, explicó Rodríguez. Y remarcó que “no hay muchos procesos en los que se haga un concurso de antecedentes, con exámenes. Estamos por la defensa de derechos de NNyA pero también por la calidad de la democracia. No se ha respetado eso y hay poco interés por parte del partido de gobierno de conseguir nombrar una bicameral para nombrar comisión que pueda sustanciar el concurso público”.

Lucía Buratovich, directora de Programas de Aldeas Infantiles SOS en Argentina y también miembro de Infancia en Deuda, compartió ese punto de vista: “Que la Defensoría quede vacante no solo afecta directamente a una población vulnerable y fundamental para el presente y futuro de nuestro país, sino que también debilita nuestra democracia al privarla de un pilar esencial para la defensa de los derechos de quienes más lo necesitan”.

“Este puesto estuvo sin cubrir durante años desde la sanción de la ley que lo creó, lo que representó un enorme vacío en la protección integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Si vuelve a quedar vacante, se corre el riesgo de que no haya una figura institucional que garantice la defensa activa de sus derechos, supervise las políticas públicas destinadas a esta población e intervenga frente a posibles vulneraciones”, planteó Buratovich.

La cuestión se vuelve aún más preocupante bajo el gobierno de la motosierra. “Medidas como los recortes en los presupuestos de programas clave, como Educación Sexual Integral, Conectar Igualdad, el Plan de Apoyo a la Primera Infancia y Fortalecimiento Familiar, Prevención y Tratamiento de Patologías Específicas, entre otros, agravan aún más el panorama. Estas políticas, que deberían ser insumos claves para garantizar derechos y oportunidades, están siendo debilitadas en un momento en el que más se necesitan”.