Presentan un proyecto en Senadores para intervenir el Poder Judicial de Jujuy

El senador peronista Guillermo Snopek busca romper la "connivencia" del Supremo Tribunal de Justicia con el Ejecutivo provincial comandado por el radical Gerardo Morales.

El senador nacional jujeño Guillermo Snopek presentó este jueves un proyecto de ley para intervenir el Poder Judicial de su provincia luego de que el presidente del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Pablo Baca, pidiera licencia por el escándalo de las escuchas que hizo públicas la periodista Alejandra Dandan. La sumisión de los tribunales provinciales a la voluntad política del gobernador Gerardo Morales quedó allí expuesta una vez más. Snopek fundamenta su pedido en la necesidad de “garantizar la forma republicana de gobierno y evitar incurrir en responsabilidad internacional del Estado argentino”.

El proyecto presentado por Snopek no fue girado a las comisiones correspondientes aún y el senador explicó que era su “obligación” hacer dicha presentación  por que es necesario “velar por la institucionalidad de la provincia”. El texto del documento explica que el interventor, que debería ser designado por el Poder Ejecutivo nacional, “no puede ejercer por sí la función judicial, pero tiene la facultad de suspender en sus funciones o de remover a los magistrados, funcionarios y empleados que integran el Poder Judicial y el Ministerio Público de Jujuy, y designar a sus reemplazantes en comisión hasta la normalización institucional del Poder Judicial”.

Si bien en el proyecto no se menciona a la dirigente de la Tupac Amaru, el vínculo con los audios publicados por el sitio El Cohete a la Luna en los que se escucha al presidente del STJ, que entonces era vocal de ese tribunal y ahora en proceso de juicio político, admitir que Milagro Sala está presa «no por sus delitos, sino para que no tengamos que volver al quilombo permanente, a los cortes, a la quema de gomas». Asimismo se lo escucha hablar contra el titular del Ministerio Público de la Acusación, Sergio Lello Sánchez, por las «presiones» que ejercía sobre los jueces.

La reacción defensiva de la UCR fue inmediata, mediante un comunicado alegan intencionalidad política: “El Frente de Todos busca impunidad para gobernar”. El proyecto sin embargo sólo lleva la firma del senador jujeño. Pero en esa línea, el documento firmado por el presidente del partido, Alfredo Cornejo, asegura que “la presentación configura un claro ataque a la República, al federalismo y a la autonomía de la provincia de Jujuy. Acompañamos y expresamos nuestro más enérgico apoyo al gobernador Gerardo Morales ante esta obscena presión política por parte del Frente de Todos. No permitamos los argentinos el retroceso institucional que significaría este atropello”. En el mismo sentido se expresó el diputado radical Mario Negri en Twitter.

Snopek defendió su presentación, que propone la intervención por el plazo de un año con posibilidad de extenderlo uno más, argumentando que “hay una connivencia absoluta (del STJ) con el gobernador Gerardo Morales y la Legislatura provincial”, además se diferenció del exjuez Eugenio Zaffaroni: “No creo que la justicia jujeña deba ser intervenida en los términos que él mencionó”.

En una entrevista concedida a la radio El Destape, Snopek aseguró que lo motiva “el manejo del Poder Judicial sobre los poderes del Estado”. Del mismo modo advirtió no busca enfocar “solamente en el caso de Milagro Sala sino en todos los casos en que, a partir de la modificación de miembros del Tribunal Superior, hubo un manejo al antojo de la justicia en Jujuy”. Y también apuntó a la responsabilidad de su “bloque, de la oposición y del Congreso en general, que tendrán que expedirse. Es responsabilidad de todos lo que pase en Jujuy”, concluyó.

El senador Snopek hace alusión a que al poco tiempo de asumir como gobernador, Gerardo Morales amplió el STJ de cinco a nueve miembro, de los cuatro, dos de ellos eran diputados de la UCR, Pablo Baca y Beatriz Altamirano, y Federico Otaola, exdiputado de esa misma fuerza. La ampliación del STJ fue presentada y aprobada el 15 de diciembre y dos días después Baca y Altamirano renunciaron a sus bancas y fueron electos para ocupar los cargos en el máximo tribunal provincial.

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