Presentaron un amparo judicial para que el gobierno porteño retire el asbesto de los edificios públicos

La Ciudad de Buenos Aires tiene un serio problema debido a que gran parte de sus edificios públicos contienen asbesto, un material que era utilizado generalmente como material aislante del calor y los ruidos. Pero la exposición a este elemento de manera sostenida puede provocar enfermedades crónicas. El gobierno porteño no realizó un diagnóstico preciso de la situación y mucho menos planificó el modo de resolverlo. Por eso, organizaciones sociales, políticas y académicas presentaron el martes un amparo colectivo para que Horacio Rodríguez Larreta arbitre una “política pública de descontaminación” en estos lugares. 

Las organizaciones detrás del amparo judicial exigieron en un comunicado que el Ejecutivo realice un “relevamiento exhaustivo, un plan y cronograma de remoción y reemplazo de materiales e instalaciones con asbesto; un plan de contingencia y de seguridad, un plan de control, acceso a la información pública y participación en cada etapa de esta política a través de la constitución de una mesa multisectorial, y un protocolo de salud para el seguimiento de las personas expuestas”.

Los denunciantes expresaron además que el gobierno porteño “ha demostrado un desmanejo muy grave en relación con el asbesto” y enumeraron, por caso, cuando en 2018 se intentó remover una caldera con amianto en el Nivel Primario N° 8, distrito escolar 4, “Carlos Della Penna” en plena época lectiva; este año, también se registró otro fuerte conflicto con la comunidad educativa del Instituto de Enseñanza Superior en Lenguas Vivas cuando se removió otra caldera con asbesto sin dar intervención a la Agencia de Protección Ambiental.

“El principal problema es que no hay ningún relevamiento serio. Lo que pasó en el subte es paradigmático”, cuenta a Tiempo Claudio Lozano de Unidad Popular, una de las organizaciones que llevó adelante el amparo junto a representantes de la Cátedra de Ingeniería Comunitaria (CLIC), el Observatorio del Derecho a la Ciudad, la comunidad educativa del IES de Lenguas Vivas y de la Escuela Infantil N° 08/04, la CTA Autónoma Capital y delegados gremiales de ATE del Hospital Durand, entre otras.

Lo que pasa en los subtes es complejo: se detectó que decenas de vagones que funcionan en las Línea B, C y D tenían asbesto en alguna de sus partes. Incluso, cuando Mauricio Macri era jefe de Gobierno, en 2011, compró una importante cantidad de coches a España que contenían este material. Sin embargo, no estaba permitido. Como se sabe, el asbesto se encuentra prohibido en más de 50 países hace más de 20 años y en Argentina su producción, importación, comercialización y uso está prohibida desde el 1° de enero de 2003.

Los trabajadores del subte se enteraron muchos años después que convivían con este material, altamente volátil y que al estar en constante contacto con el mismo se torna nocivo para la salud y hasta puede llegar a ser letal. Actualmente, 11 trabajadores se encuentran enfermos a raíz de trabajar en este ambiente.

“El gobierno local reconoció en un informe que al menos en 12 escuelas había asbesto”, agrega Lozano, en referencia al llamado a licitación del Ministerio de Educación e Innovación porteño de principios de octubre, a través del cual se busca contratar a una empresa para el “desmonte, retiro y disposición de materiales compuestos con fibras de asbesto/amianto” en cada uno de estos establecimiento. 

“Queremos saber –continua Lozano- si el resto de las escuelas están libres de asbesto y cómo se realizarán estos trabajos mientras los establecimientos siguen en funcionamiento. En el Lenguas Vivas, por ejemplo, se han perdido días de clases”.

El referente de Unidad Popular se queja de que “la Agencia de Prevención Ambiental tome medidas una vez que aparecen los problemas. Siempre se está detrás. Esto va a llevar un tiempo resolverlo y queremos saber cuál es el plan”. El dirigente destacó, a su vez, “el trabajo conjunto con otras organizaciones y organismos, que también será clave para realizar un monitoreo participativo respecto a los avances que se vayan registrando”.

Consultado por Tiempo, el delegado de ATE del Hospital Durand, Gastón David Kalniker, advierte: “Todo esto no lo descubrimos nosotros. El mismo gobierno de la Ciudad está relevando la situación y advirtiendo que todos los edificios públicos construidos hace más de 20 años tienen asbesto”.

Kalniker, quien es licenciado en Higiene y Seguridad, sostiene que “lamentablemente, no se hizo mucho más tras la prohibición allá por el 2003 por parte del ministerio de Salud en cuanto a la comercialización, importación y utilización de este material. Hay que empezar a retirar los materiales pero bajo la elaboración de un plan”.

El especialista indicó que hay mucha bibliografía que trata la problemática en la cual se explicita cómo deben retirarse estos elementos y en caso que no se pueda, el paso siguiente sería encapsularlo. Todo esto, claro, bajo un procedimiento ya estipulado.

Kalniker precisa que el Hospital Udaondo sería el más afectado de acuerdo a un estudio que realizó Agencia de Protección Ambiental por lo que ya hay una licitación en marcha para que una empresa retire o neutralice el asbesto del lugar.

El próximo viernes, los denunciantes se reunirán a las 14 en el Instituto Lenguas Vivas para analizar los alcances del amparo judicial y para determinar los pasos a seguir con el fin de “aunar esfuerzos para que el gobierno de la Ciudad haga algo serio, preservando la vida de los trabajadores, los alumnos o los pacientes, y retire todo ese material conforme a las normas ambientales. El gobierno no tiene que inventar nada, ya está todo está escrito”, insistió el delegado de ATE.