Presupuesto 2025: el paquete previsional y sus efectos negativos

Aunque el debate del proyecto de Presupuesto 2025 se ha transformado en una moneda de cambio, hay un aspecto sobre el que el gobierno nacional apuesta a mantener tal cual está escrito: el previsional.

El tema no está en la agenda de los gobernadores colaboracionistas, que presionan para cambiar algunos aspectos del proyecto. Al no estar dentro del grupo de impugnaciones del PRO y la UCR, el gobierno espera que quede como está en el proyecto de ley y forme parte del dictamen de mayoría.

El eje de este paquete previsional es el artículo 69, que ratifica el DNU 274/2024 con el que el presidente Javier Milei estableció la fórmula de movilidad jubilatoria en base del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

“La importancia de dejar consagrada la movilidad por ley (y no por decreto) se vincula con los juicios que puede afrontar el Estado en esta materia”, dice un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA). “En una búsqueda de reducir la litigiosidad, el Ejecutivo envía esta propuesta en el marco de la discusión del Presupuesto”.

Este aspecto no es menor, ya que el cambio de la movilidad por decreto y el posterior veto a la ley de movilidad que votó el Congreso originó una catarata de demandas.

Pero la consolidación por ley del actual régimen de movilidad implicará “dejar congeladas las jubilaciones en el piso histórico en el que hoy se encuentran, sin posibilidades de mejorar”, advierte CEPA, que agrega: “Hacia adelante, de ratificarse esta fórmula que contiene actualización sólo por IPC, los haberes dibujarán una línea horizontal similar a la que se observa en la década del ‘90: sin perder, pero sin ganar poder adquisitivo, luego de ubicarse sensiblemente más abajo”.

El bono congelado

CEPA indicó que un segundo aspecto a considerar incluido en el proyecto de ley del presupuesto es que el programa “Complementos a las Prestaciones Previsionales”, en el cual impactan los bonos para la mínima, presenta una reducción en términos reales de 99,9 por ciento.

Al respecto, consignó que en la reunión informativa de la Comisión de Presupuesto y Hacienda del pasado 8 de octubre, el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, sostuvo que el bono que acompaña todos los meses al pago de las jubilaciones mínima y cercanas, quedará en $ 70.000 a lo largo de 2025: “La discrecionalidad del bono nos da esa flexibilidad”, dijo sin sonrojarse.

Una semana más tarde, asistió el titular de la Anses, Mariano de los Heros. Confirmó los dichos de Guberman y afirmó que el bono de $ 70.000 permanecerá congelado en 2025 y que, si las pautas contempladas cambiaran, podría bajar su valor.

Asignaciones inmóviles

En tercer lugar, el proyecto prevé, en su artículo 68, la derogación de la movilidad de las asignaciones. En la actualidad, la fórmula previsional no impacta sólo sobre jubilaciones y pensiones, sino que se utiliza también como variable para ajustar las asignaciones por hijo, por hijo con discapacidad, prenatal, por ayuda escolar anual, por nacimiento, por adopción, por matrimonio, la AUH, la asignación por embarazo para protección social y por cuidado de la salud integral que perciben trabajadores registrados y no registrados.

Al derogarse la movilidad, el Poder Ejecutivo podrá aplicar una política discrecional ya que, al igual que con el bono, si no se cumplen las previsiones realizadas en materia de recaudación, y el Estado cuenta con menores ingresos, o la inflación supera las estimaciones, «el ajuste recaerá en las partidas no automáticas, entre las que pasarían a incluirse las asignaciones, que actualmente cuentan con una cierta protección vía movilidad», dijo CEPA.