El proyecto busca restituir el piso de financiamiento obligatorio para la educación técnica que eliminó el artículo 30 de la Ley de leyes libertaria.
Con las firmas de Romina del Pla, Miriam Bregman, Néstor Pitrola y Nicolás del Caño, la iniciativa sostiene que la derogación del artículo 52 de la Ley 26.058, “elimina el principal fondo de financiamiento del INET (Instituto Nacional de Educación Técnica)”.
En ese sentido, entre los fundamentos del proyecto reiteraron que la derogación de estos artículos -los cuales perdieron vigencia con la aprobación del Capítulo II de la Ley de Presupuesto 2026-, “la situación de desfinanciamiento se profundizará llevando al abismo a la educación técnica, siendo que distintos especialistas calculan que el presupuesto 2026 derivará en un recorte de 84,5% de los recursos del INET”.
Por otro lado, explicaron que la modificación del Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación “pone fin a la obligación del Estado de elevar progresivamente la inversión en Ciencia y Técnica para llevarla al equivalente del 1% del Producto Bruto Interno en 2032”. Acusaron, además, que el Poder Ejecutivo “se garantiza tener las ‘manos libres’ para profundizar el recorte en el sector sin mayores consecuencias”.
“Abundan los artículos que plantean pasar ‘motosierra’ por la educación, la ciencia, la salud, los salarios, el ambiente y muchos otros puntos que contienen reivindicaciones populares. Mientras, otros tantos artículos benefician a grandes empresarios, y habilitan al gobierno a continuar y profundizar una política de endeudamiento y entrega colonial”, cuestionaron en los fundamentos del proyecto de ley.
A principios de diciembre pasado, luego de la sanción del Presupuesto 2026, comenzaron a llegar las primeras demandas judiciales contra el artículo 30 de la Ley que deroga el piso de financiamiento obligatorio y elimina la ecuanimidad en la distribución de recursos que garantizaba la Ley 26.058 de Educación Técnica Profesional: los padres de dos estudiantes presentaron un recurso de amparo ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Tributario N°11 de la Ciudad de Buenos Aires.
En diálogo con Tiempo, Gerardo Marchesini, docente de la educación técnico profesional explicó que la eliminación del Fondo de Educación Técnico-Profesional afectará a 1.900.000 estudiantes en Argentina, especialmente en niveles secundarios técnicos y en formación profesional.
En otro orden, también el diputado socialista Esteban Paulon (Provincias Unidas) presentó un proyecto de resolución que propone interpelar al ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno.
La iniciativa solicita que el funcionario acuda al Congreso para explicar la política exterior adoptada por el Poder Ejecutivo en el marco de la liberación de presos políticos en Venezuela y a las gestiones iniciadas para la libertad del gendarme Nahuel Gallo.
En esa línea, exige saber el estado actual de las gestiones diplomáticas, consulares y políticas realizadas por el Ejecutivo, en forma bilateral o a través de mecanismos multilaterales, con el objeto de obtener la liberación inmediata del ciudadano argentino Nahuel Gallo “detenido ilegalmente en Venezuela desde el 2024”.
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