Una crisis evitable: el presupuesto para las universidades cayó un 45 por ciento desde 2023

Mientras el gobierno nacional se niega a cumplir la Ley de Financiamiento Universitario y dilata el asunto con la presentación de un nuevo proyecto que consolide el recorte, las universidades nacionales están de paro y no inician el cuatrimestre. Según un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), el presupuesto destinado a las casas de estudio cayó un 45,6 por ciento desde 2023 hasta la actualidad, lo que afecta principalmente a salarios de docentes y nodocentes.

Por ejemplo, para enero de este año, la Canasta Básica Total alcanzó $1.360.299 y únicamente los docentes titulares con dedicación exclusiva y los nodocentes con categoría 1 y 2 (los sueldos más altos) superan ese umbral, mientras que el resto de los trabajadores docentes y nodocentes perciben salarios menores que los ubican por debajo de la línea de pobreza e, incluso, de indigencia.

El gobierno no cumple la Ley 27.795 Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente, norma que fue aprobada por el Congreso, vetada por el Ejecutivo, vuelta a ratificar por el Legislativo e incluso ordenada por la Justicia para que se aplique. En lugar de pagar el aumento salarial que corresponde (entre el 45 y el 50 por ciento), el gobierno presentó un nuevo proyecto que propone reemplazar dicho incremento por solo el 12,3 por ciento dividido en tres cuotas.

Un presupuesto en picada

Según detalla el informe, entre 2023 y 2026, el presupuesto cayó un 45,6 por ciento. Si se hubiera aplicado la Ley, el presupuesto habría ascendido a $8,63 billones. Esto se traduce en un crecimiento del 35,1 por ciento frente a 2025 y hubiera quedado solo 3,6 por ciento por debajo de 2023, permitiendo casi recuperar el nivel presupuestario previo al ajuste. En cambio, el proyecto legislativo que propone el gobierno libertario implica el incremento en tan solo un 12,3 por ciento, dejando un presupuesto 36,5 por ciento menor al de la Ley aprobada.

El incumplimiento de la norma no solo se ve en los números, sino que se refleja en la calidad de vida de los docentes y nodocentes y en el dictado de clases. La gran mayoría de los trabajadores debe buscar otros empleos, como vender viandas, dedicarse a manejar Uber o lanzar cursos de formación sobre algún tema en específico. Asimismo, muchos directamente buscan cambiar de trabajo. Frente a esta rutina de multiempleo, ¿cómo se puede garantizar una formación de excelente calidad para los estudiantes?

La realidad es que los sueldos no alcanzan. Según desmenuza el informe, entre 2023 y 2026 los salarios del personal docente y nodocente se redujeron un 43,2 por ciento. Al comparar la Canasta Básica Alimentaria y la Canasta Básica Total de enero de este año, se ve que solo los docentes titulares con dedicación exclusiva y los nodocentes de categoría 1 y 2, que ganan arriba de $1.456.091, alcanzan ese umbral. Mientras tanto, el resto de los cargos se encuentran por debajo de la línea de pobreza e, inclusive, indigencia.

A esto se le suma que los gastos de funcionamiento, aquellos que permiten que las universidades abran sus puertas todos los días, se redujeron un 57,1 por ciento, siendo los programas de desarrollo universitario y de ciencia y técnica los más afectados. Es en este contexto que la comunidad universitaria trabaja en un plan de lucha para el cuatrimestre que inició con una semana de paro, continúa con otras dos semanas sin clases a fin de mes y en abril; a la vez que se propuso una nueva marcha para el 23 de abril. La consigna es: “Sin salarios dignos ni becas, no hay universidad posible”.